El Senado aprobó este jueves, en pleno extraordinario, elevar al Tribunal Constitucional una cuestión previa sobre el Tratado de Amistad España-Francia, con 146 votos a favor —PP y Vox— y 112 en contra, más dos abstenciones. La decisión paraliza la aprobación definitiva del texto por las Cortes.
El tratado fue firmado por Emmanuel Macron y Pedro Sánchez en Barcelona en enero de 2023. Francia ya lo había ratificado parlamentariamente; en España, el Congreso lo aprobó el 18 de junio, con el respaldo de Junts y Podemos, después de que ambas formaciones se abstuvieran en un intento anterior.
El núcleo de la controversia es un artículo que permite a ministros franceses asistir a reuniones del Consejo de Ministros español. Ante las críticas, ambos gobiernos suscribieron una interpretación conjunta que aclara que la participación sería «en los márgenes», en reuniones formalmente separadas. Pero esa aclaración no fue incorporada al texto del tratado.
El senador del PP Miquel Jerez lo dejó claro en el debate: esa interpretación es «un correo electrónico entre ministros» que no forma parte del acuerdo, por lo que el Parlamento estaría realizando «un acto de fe» para reparar una «chapuza» inicial con una nueva «cutrez». La posición del PP es que, sin modificación formal del articulado, la ambigüedad sobre soberanía constitucional permanece.
Desde el PSOE, el senador César Mogo acusó al PP de «jugar con la diplomacia» mediante «un filibusterismo más propio de Vox» y advirtió que «fuentes francesas no ocultan su incredulidad e indignación». Su correligionario Rafael Lemus vinculó la maniobra con lo que describió como una «epifanía ultra» del PP, en referencia a varios giros recientes del partido hacia posiciones más conservadoras, y alertó de consecuencias negativas para las relaciones bilaterales.
El PNV, por su parte, defendió el tratado como expresión del «espíritu europeísta» y recordó que la expresión «en los márgenes» es terminología diplomática habitual. Eduard Pujol, de Junts, eligió un tono más irónico: «Solo quien tiene un Estado puede discutir serenamente sobre los límites de su soberanía».
Cabe señalar que la fuente consultada menciona un recurso previo del PP ante el Constitucional, aunque la fecha que indica resulta inconsistente con la cronología del proceso; en todo caso, el propio tribunal no entró a resolver el fondo en aquella ocasión porque el texto había decaído en el Congreso.
Lo que está en juego es un principio elemental: la soberanía constitucional no se aclara con intercambios informales entre ministerios. Si el artículo polémico admite que funcionarios de otro Estado participen en el órgano ejecutivo supremo de España, esa cuestión merece resolución jurídica expresa, no una nota diplomática al margen del texto ratificado. El Constitucional tendrá ahora la oportunidad de delimitar con precisión hasta dónde puede llegar la integración bilateral sin vulnerar el marco constitucional.
Conviene mirar los incentivos. El Gobierno de Sánchez necesitaba el respaldo de Junts para sacar adelante el tratado, lo que ya explica la tardanza y los vaivenes en el Congreso. Que la aclaración sobre soberanía quedara en un correo y no en una enmienda formal al texto no es un descuido técnico: es una decisión política. El Senado, al elevar la cuestión, ejerce precisamente la función de control que las instituciones deben cumplir cuando el poder ejecutivo avanza más rápido que la letra de la ley.
