Un tribunal salvadoreño condenó a Mauricio Humberto Alarcón Portillo, integrante del Barrio 18, a 75 años de prisión por homicidio, un intento de homicidio y agrupaciones ilícitas. La sentencia fue dictada por el Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de Santa Ana, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Los hechos que motivaron la condena ocurrieron en septiembre de 2015 en Chalchuapa, Santa Ana. Según las autoridades, el sentenciado persiguió a dos personas que intentaron refugiarse en una vivienda tras presenciar un ataque: una murió en el lugar y la otra resultó con lesiones graves. Los magistrados consideraron que las pruebas reunidas por la Fiscalía fueron determinantes para establecer la responsabilidad del acusado.
En paralelo, el Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso condenas a 53 miembros de la Mara Salvatrucha (MS) responsables de múltiples homicidios en la zona costera de Conchagua, La Unión. Entre los crímenes documentados figura el asesinato de un padre y su hija, quienes fueron privados de libertad, asesinados y enterrados en un predio en 2019 en el cantón Playas Negras, tras ser acusados falsamente de fungir como informantes. Las investigaciones también vincularon a esta estructura con el homicidio de un estudiante en San Miguel en 2018, interceptado al salir de su instituto.
Las sentencias para los 53 condenados de la MS incluyen 45 años de cárcel para 10 homeboys de la clica, 30 años para 4 chequeos y 30 años para 8 sujetos identificados como «paros». Todos fueron capturados bajo el Régimen de Excepción, la herramienta legal que el gobierno salvadoreño ha utilizado para intensificar las acciones contra estructuras criminales de alto perfil.
El Salvador ha endurecido de forma significativa las penas para quienes integran estructuras pandilleriles, especialmente en casos de homicidio y extorsión, según consignó la FGR. Las reformas legales recientes incrementaron los años de prisión con el objetivo declarado de frenar la violencia y la presión económica que las pandillas ejercen sobre comunidades y sectores productivos.
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Conviene mirar los incentivos. La acumulación de sentencias de esta magnitud —75 años por un solo caso, decenas de años para cada miembro de una clica— no es ruido judicial: es la arquitectura disuasoria que el modelo Bukele ha construido ladrillo a ladrillo desde que el Régimen de Excepción entró en vigor. Los críticos progresistas señalan riesgos para las garantías procesales; los datos, sin embargo, muestran territorios que recuperan actividad económica y social en áreas donde antes la extorsión pandilleril era el único orden vigente.
El dato importa más que el ruido. Cuando un tribunal documenta el asesinato de un padre y su hija enterrados en un predio, o el homicidio de un estudiante a la salida del instituto, queda en evidencia el costo humano y económico que las pandillas impusieron durante décadas a las comunidades más vulnerables de El Salvador. Que el aparato judicial procese esos crímenes con sentencias firmes —y no con impunidad— es la condición mínima para que la inversión privada y la confianza ciudadana regresen a esos territorios. La historia sugiere cautela ante cualquier modelo de seguridad; pero también sugiere que la ausencia de orden tiene un precio que siempre pagan los más débiles.
