La noticia de un plan de asesinato contra Christopher White, alcalde de San Bernardo, encabezado por el delincuente conocido como «Indio Juan», reabrió en Chile el debate sobre el control estatal del territorio. Gustavo Alessandri, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y alcalde de Zapallar, fue directo: «aquí falla el Estado».
«Estamos jugando de visita en nuestra cancha, estamos jugando de visita la institucionalidad del país», dijo en entrevista con Radio Universidad de Chile. Para Alessandri, el episodio no se limita a una amenaza personal contra un alcalde que, según describió, «está haciendo un trabajo gigante en una comuna popular»: se trata de «un atentado al Estado, al Estado de Derecho de Chile, en democracia».
El diagnóstico del dirigente municipal no se detiene en el caso puntual. Alessandri sostuvo que las medidas vigentes contra el narcotráfico, el crimen organizado y el sicariato no están funcionando: «lo están ganando, y ganando lejos en esta guerra». La frase resume una preocupación que ha crecido entre autoridades locales chilenas, expuestas en primera línea a una violencia que, según el propio Alessandri, no existía «hace 15, 20, 25 años».
Su receta pasa por la coordinación institucional antes que por la disputa ideológica. «Dejemos las ideologías y tomemos medidas concretas, porque de lo contrario de esto no vamos a salir», afirmó, reclamando una «fuerza de tarea» que articule de manera moderna a los organismos del Estado.
El llamado se extiende a los tres poderes. «Estoy convencido que hay tres poderes en el Estado que nos tenemos que poner de acuerdo, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial», señaló. Su crítica más concreta apunta a la puerta giratoria judicial: «no sacamos nada con tener leyes si después el delincuente va a estar detenido siete veces y siete veces va a salir en libertad».
También cuestionó la lentitud del proceso legislativo frente a las iniciativas del Ejecutivo: «no sacamos nada con que se presente una ley por el Poder Ejecutivo que el Legislativo la apague, la modifique completa y se demore siete u ocho años». Consultado sobre la reforma constitucional en seguridad que impulsa el gobierno, evitó pronunciarse por una fórmula específica y pidió en cambio velocidad y eficacia: «si es esta o si es otra, sería lo más razonable que se llegue a un consenso que sea rápido, que sea efectivo».
Alessandri cerró con un respaldo condicionado al Ejecutivo —«yo creo que el gobierno tiene todas las capacidades para hacerlo bien»— pero insistió en que falta el acuerdo político transversal: «lo que necesitamos son medidas ahora».
El episodio ilustra un problema que trasciende la coyuntura chilena. Cuando el crimen organizado logra planificar el asesinato de una autoridad electa, el mensaje que recibe el resto de la clase política —y el inversionista que evalúa un país— es que el monopolio estatal de la fuerza, condición mínima para que exista propiedad privada segura y contratos exigibles, está en disputa. No hay libre mercado ni municipio funcional donde el Estado no puede garantizar la vida de sus propios representantes.
El reclamo de Alessandri por sacar la ideología de la ecuación es, en el fondo, un reclamo por incentivos correctos: leyes que se cumplan, jueces que no reincidan en liberar a los mismos delincuentes y un Legislativo que no convierta cada reforma de seguridad en una trinchera partidaria. La historia sugiere cautela ante los consensos declarados en coyunturas de crisis: suelen durar lo que dura la indignación pública. El dato que debería preocupar a Chile no es la declaración de un alcalde, sino la posibilidad de que el patrón se repita antes de que exista una respuesta institucional verificable.
