El presidente Donald Trump anunció el lunes la intención de imponer un peaje del 20% sobre toda la carga comercial que transite el Estrecho de Ormuz, el cuello de botella energético más crítico del planeta. La cifra potencial es llamativa: entre 176.000 y 194.000 millones de dólares anuales, según cálculos basados en el volumen de comercio internacional que circulaba por el estrecho —entre 880.000 y 970.000 millones de dólares antes de la guerra— que proporcionó a The Post Brandon Daniels, CEO de la firma de inteligencia artificial para cadenas de suministro Exiger.
El propio Daniels fue el primero en matizar el alcance real de la medida. «No creo que exista un mecanismo real para cobrar ese peaje en este momento, y cómo lo cobraríamos sigue siendo una pregunta abierta tanto de política económica como de derecho internacional», declaró. El gobierno estadounidense no ha anunciado ningún paso concreto hacia la imposición del gravamen, y el Mando Central de las Fuerzas Armadas redirigió las consultas periodísticas hacia un comunicado centrado exclusivamente en el bloqueo a Irán.
El contexto importa. Trump había sostenido durante meses que el estrecho debía permanecer libre de aranceles tras el conflicto con Teherán. El 17 de junio firmó un memorando de entendimiento que establecía una reapertura sin peajes durante 60 días mientras continuaban las negociaciones nucleares. La semana pasada, tras ataques de la marina iraní contra tres buques comerciales que seguían una ruta preferida por Washington, Trump ordenó ataques aéreos contra Irán y declaró el cese al fuego y el memorando «terminados» —en lo que algunos asesores denominaron internamente «Operación Bitch Slap».
Una fuente cercana a Trump lo resumió con claridad a The Post: «Es una negociación. Es real hasta que haya un arreglo alternativo.» La lectura dominante entre los asesores de la administración es que Trump está abriendo espacio de maniobra frente a Irán, que por su parte ha reclamado el derecho a cobrar sus propios peajes por el uso del estrecho.
La ironía diplomática no tardó en llegar. El canciller iraní Abbas Araghchi respondió en tono sarcástico: «POTUS tiene toda la razón. Quien garantice el paso seguro de buques comerciales por el Estrecho de Ormuz debe ser compensado por ese servicio. Irán siempre ha sido el GUARDIÁN del estrecho y lo seguirá siendo PARA SIEMPRE. El 20% es, por supuesto, demasiado. Seremos justos.»
Daniels detalló la composición del tráfico: unos 600.000 millones de dólares anuales en embarques de petróleo crudo, entre 80.000 y 120.000 millones en gas natural licuado, y entre 200.000 y 250.000 millones adicionales en fertilizantes, helio y polímeros endurecidos. Variables como el precio de mercado del crudo, y eventuales exenciones para aliados regionales como Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, determinarían el ingreso efectivo.
El anuncio llegó dentro de una declaración presidencial que reimponía el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes. «Los EE.UU. serán, a partir de este momento, conocidos como 'EL GUARDIÁN DEL ESTRECHO DE ORMUZ', pero como tal, y como cuestión de EQUIDAD, serán reembolsados, a razón del 20% sobre toda la carga transportada», escribió Trump.
Conviene mirar los incentivos. Si el peaje prosperara —un condicional mayúsculo, dado que ningún tratado internacional lo ampara hoy—, los ingresos cubrirían la compensación de alrededor de un millón de empleados civiles federales, según los cálculos de Exiger. Eso convierte la propuesta en algo más que retórica bélica: es también un argumento fiscal que Trump puede esgrimir ante su base. La historia sugiere cautela ante anuncios sin mecanismo de implementación; pero el dato importa más que el ruido, y el dato aquí es que Washington acaba de reclamar la tutela económica del pasaje energético más estratégico del mundo. Cualquier acuerdo con Teherán —o con Riad, Doha o Abu Dabi— se negociará ahora bajo esa sombra.
