A una semana de la posesión de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia, la bancada del Pacto Histórico anunció formalmente que ninguno de sus congresistas asistirá al acto institucional programado para el 7 de agosto en Cali. Gustavo Petro e Iván Cepeda habían manifestado previamente, por su parte, que tampoco asistirán a los actos de posesión.
El anuncio fue comunicado mediante un video publicado en los canales oficiales del representante a la Cámara Francisco Mondragón. En esa misma declaración participó el congresista Alfredo Mondragón, quien sumó una línea de argumentación distinta a la del primero.
Francisco Mondragón sostuvo que «el Pacto Histórico decidió que ningún congresista asistirá a la posesión de Abelardo De La Espriella porque consideramos que carece de legitimidad». Añadió que la elección sería ilegítima por tratarse, según sus palabras, de «un ciudadano con nacionalidad estadounidense que ha priorizado intereses externos por encima de los nacionales, por lo que no garantiza el principio de unidad nacional estipulado en la Constitución».
Por su parte, el congresista Alfredo Mondragón cuestionó la división de poderes y sostuvo que «existe una intención de profundizar la alteración de los contrapesos institucionales al intentar ubicar el poder militar por encima de la autoridad civil».
Los representantes también hicieron referencia a las derrotas políticas del nuevo gobierno en la conformación de las mesas directivas del Congreso, y señalaron que el cambio de sede para la ceremonia —de un departamento del Cauca inicialmente contemplado a Santiago de Cali— responde a dinámicas de confrontación en la región del suroccidente.
La colectividad de oposición fijó además su hoja de ruta para el trabajo parlamentario y social, convocando jornadas de protesta dentro del marco legal en Cali, Barranquilla y otras zonas del país. Francisco Mondragón concluyó que el Pacto Histórico se apresta «para una resistencia pacífica y multitudinaria para evitar la entrega de los recursos nacionales a intereses extranjeros».
Conviene mirar los incentivos. El boicot del Pacto Histórico no es un gesto simbólico menor: es la apuesta de un movimiento que llega al cambio de gobierno sin poder ejecutivo y con derrotas recientes en las mesas directivas del Congreso. Calificar de ilegítima una elección sin un fallo judicial que la respalde es, ante todo, una herramienta de movilización, no un argumento constitucional.
Para De La Espriella, la ausencia de la oposición en la ceremonia de Cali despeja el acto de fricciones protocolares, pero inaugura un ciclo de confrontación que exigirá construir mayorías con rapidez. El dato importa más que el ruido: Colombia llega al 7 de agosto con un presidente electo, una oposición organizada en las calles y un Congreso cuyas correlaciones de fuerza aún se están definiendo.
