El ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez fue secuestrado el 4 de abril de 2022 en San Andrés de Cuerquia, Antioquia, y luego asesinado y desaparecido, según la Fiscalía. Los responsables habrían sido integrantes de El Mesa, una banda criminal que también apareció en fotos con el expresidente Gustavo Petro.
La víctima realizaba labores para una empresa pública cuando fue interceptada, amenazada con armas de fuego y elementos cortopunzantes, agredida y obligada a subir a un camión que después se dirigió hacia un inmueble. La Fiscalía dijo que un menor de edad participó en el secuestro y ahora aceptó su responsabilidad ante un juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.
En la investigación también se incorporaron declaraciones de otros implicados, que según el ente acusador indican que el ingeniero fue sepultado y, meses después, exhumado para arrojar el cuerpo al río San Andrés. La familia, añadió la Fiscalía, no conoció más información que la entregada por los delincuentes.
Por este caso, la Fiscalía General de la Nación ha judicializado a Juan Fernando Tobón Correa, alias Paisa; Weimar Alexander Castillo, alias 300; Willington Ortiz Muñoz, alias Willy; y otro hombre que para la fecha también era adolescente y aceptó su participación en el hecho. El menor que ahora aceptó su responsabilidad fue vinculado por desaparición forzada agravada y permanece privado de la libertad mientras se define su situación.
El dato importa más que el ruido. Que una organización señalada por la Fiscalía por un secuestro y asesinato haya estado en la mesa de paz urbana obliga a mirar con cautela el diseño de cualquier negociación con bandas armadas. Conviene mirar los incentivos. Si el Estado abre espacios políticos o simbólicos sin una capacidad clara de control, verificación y castigo, el mensaje que recibe la delincuencia es que puede sentarse a la mesa sin soltar del todo la capacidad de matar.
La lección es incómoda para el oficialismo y para cualquier gobierno que venda rapidez como sustituto de autoridad. La seguridad pública no mejora con fotos ni con anuncios. Mejora cuando el aparato estatal impone orden, protege a las víctimas y evita que la tregua aparente se convierta en licencia para seguir delinquiendo.
