Detrás de cada trinchera en el conflicto entre Rusia y Ucrania opera un mercado. Reclutadores, intermediarios y empresas privadas han convertido el alistamiento militar en un negocio rentable que alcanza a ciudadanos panameños, según testimonios recogidos por La Prensa de Panamá y el análisis de Eric Estrada, exdirector del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y exintegrante de las Fuerzas Especiales de Panamá.
La ruta comienza en redes sociales. Mensajes dirigidos a personas con experiencia en estamentos de seguridad ofrecen un bono de hasta 30.000 dólares tras la firma del contrato, un salario mensual de 2.500 dólares, traslado gratuito y la posibilidad de obtener la nacionalidad después de un año de servicio. El propio reclutador, según el ejercicio periodístico del diario panameño, advierte sin rodeos que quienes acepten «van es para la guerra».
Estrada identificó el mecanismo como el de los llamados «ejércitos proxy»: un Estado delega el reclutamiento en compañías privadas para mantener distancia legal de las operaciones. «Las potencias contratan una empresa multinacional para que reclute gente y trabaje para el país. Si ocurre una situación conflictiva, el Estado puede decir que no tiene nada que ver porque son ejércitos privados», explicó el exfuncionario, según la fuente.
El negocio es claro en los números. Al recluta se le ofrecen entre 2.500 y 3.000 dólares mensuales, pero las compañías intermediarias reciben alrededor de 7.000 dólares por cada incorporación. La diferencia —unos 4.000 dólares por combatiente— constituye, en palabras de Estrada, «una suma de dinero exorbitante por los muchachos que van a ir al frente de combate».
El perfil buscado es preciso: exintegrantes de unidades élite, con formación técnica, táctica y operacional, para reducir costos de entrenamiento. Sin embargo, la red también capta civiles desempleados o en situación de vulnerabilidad, frecuentemente por recomendación de exmilitares ya incorporados al esquema. Estrada señaló que al menos cinco excompañeros de las Fuerzas Especiales panameñas murieron en la guerra actual, aunque la Cancillería ha oficializado hasta ahora un solo deceso.
El fenómeno no es nuevo. En 2012, decenas de exmiembros de los estamentos de seguridad de Panamá y Colombia fueron captados para integrar una fuerza paramilitar en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. Rodrigo Ballesteros, quien fue entrevistado para esa misión, relató que desistió al descubrir que la agencia reclutadora retenía la mitad del salario ofrecido —7.000 dólares mensuales— quedándose él con 3.500. «No era rentable para mí», declaró a La Prensa.
Frente a este panorama, Estrada consideró que el Estado panameño debe asumir un papel más activo para advertir sobre los riesgos de estas ofertas.
Conviene mirar los incentivos. El modelo descrito es, en esencia, una cadena de extracción de valor humano: capta a quienes el Estado formó con dinero público, los exporta a conflictos ajenos y retiene la mayor parte del beneficio económico en manos de intermediarios privados de dudosa transparencia. El daño no es solo individual; cada exmilitar captado representa capital institucional que Panamá pierde sin compensación.
El gobierno del presidente Mulino enfrenta aquí una prueba de soberanía práctica: no basta con lamentar las muertes después de que ocurren. La estabilidad jurídica y la protección del ciudadano —pilares del modelo que Panamá necesita para atraer inversión y proyectar confianza— exigen que el aparato estatal cierre los vacíos legales que permiten a estas redes operar con impunidad desde el territorio nacional.
