El juicio contra Lindsay Clancy, la enfermera de 36 años acusada de asesinar a sus tres hijos en Massachusetts, terminó sin veredicto. El viernes, el juez declaró nulo el proceso después de que el jurado, tras escuchar el testimonio de decenas de testigos durante casi siete semanas y deliberar 40 horas, no lograra una decisión unánime.
La defensa argumentó que Clancy sufría psicosis posparto —un trastorno poco frecuente— cuando estranguló a Cora, de cinco años; Dawson, de tres; y Callan, de ocho meses, y que por tanto no podía ser considerada penalmente responsable. La fiscalía sostuvo, en cambio, que los asesinatos fueron intencionales y premeditados.
El caso dividió al país. A las afueras del juzgado de Plymouth se congregaron, por un lado, decenas de mujeres vestidas de rosa en apoyo a Clancy —entre ellas Jodi Fournier, que pasó quince días frente al tribunal, y Melissa Merrill, tratada en el mismo hospital que la acusada tras dar a luz—, y por otro, estadounidenses convencidos de que debe rendir cuentas por los hechos.
El testimonio pericial también fue contradictorio. Jennifer Tufts, quien trató a Clancy durante más de una docena de sesiones a lo largo de cinco meses, declaró que no mostró signos de psicosis. El psiquiatra Avram Mack añadió que la Asociación Estadounidense de Psiquiatría ni siquiera reconoce la psicosis posparto como una condición diagnosticable. Ambas declaraciones alimentaron el escepticismo de quienes rechazan la tesis de la defensa.
La fiscalía subrayó, según relató Nicole Russell, madre de cuatro hijos que siguió el proceso desde Texas, que Clancy recibió «mucha más ayuda» que la mayoría de las madres: atención médica, apoyo de su esposo, niñera y familia. Russell calificó de «empatía tóxica» el trato compasivo hacia la acusada e insistió en que Clancy «no era una mártir ni un símbolo para las madres cansadas».
Maryanne Drysdale, de 65 años, describió cómo el debate atravesó incluso su propia familia: ella y su hija de 28 años creen que Clancy necesita tratamiento psiquiátrico y no cárcel, mientras que sus tres hijos adultos —con hijos de edad similar a los de la acusada— sostienen que «mató a los niños y punto».
El episodio, sin embargo, no se agota en la anécdota judicial. El sistema de salud estadounidense, según destacaron varios de los testigos y observadores citados, permitió a Clancy buscar ayuda repetidamente —urgencias, especialistas, una línea de prevención del suicidio— sin que ello evitara la tragedia. Ese dato, real y verificado, es el que sostiene la narrativa de quienes hablan de un sistema que falló.
Pero conviene mirar los incentivos que ese relato termina generando. Cuando la discusión pública se desplaza del hecho —tres niños estrangulados— hacia el diagnóstico de quien lo cometió, el sistema de justicia corre el riesgo de convertirse en un tribunal de intenciones antes que de conductas. La compasión hacia el sufrimiento materno es legítima y documentada; lo que resulta más discutible es la deriva hacia una cultura que, ante cualquier crimen, busca primero una etiqueta clínica que exima antes que una responsabilidad que se asuma.
El dato importa más que el ruido: un jurado de doce personas, expuesto a la misma evidencia que dividió a la opinión pública, tampoco pudo ponerse de acuerdo. Eso no absuelve ni condena a Clancy; confirma, en cambio, que el sistema judicial estadounidense sigue exigiendo pruebas y unanimidad, no consenso mediático. La historia sugiere cautela ante la tentación de convertir un caso penal en manifiesto social, sea cual sea el bando que reclame la bandera.
