El Departamento de Justicia de Estados Unidos apunta a la Facultad de Derecho de la Universidad de Duke por presuntas prácticas de admisión basadas en raza, según reportó Fox News. La acusación sostiene que la institución estaría desafiando un fallo del Tribunal Supremo que prohibió los programas de acción afirmativa con criterio racial en universidades.
La denuncia se suma a otra línea de acción del mismo DOJ: el Departamento de Justicia amenazó con investigar a profesores universitarios por organizar un campamento de geología exclusivo para personas identificadas como BIPOC —acrónimo en inglés para negros, indígenas y personas de color—, según informó también Fox News.
Ambos casos forman parte de un patrón de escrutinio federal sobre prácticas universitarias que, según los señalamientos, contradicen estándares legales vigentes. La Facultad de Derecho de Duke, una de las más prestigiosas del país, no ha sido la única institución en el centro de estas controversias, pero su perfil le otorga visibilidad particular al debate.
Las fuentes disponibles no detallan la respuesta oficial de Duke Law ante los señalamientos del DOJ, ni precisan en qué etapa procesal se encuentra la investigación. Tampoco especifican qué mecanismos concretos de admisión habrían sido cuestionados ni qué evidencia habría presentado el Departamento de Justicia hasta el momento.
El contexto más amplio incluye una serie de acciones federales en el ámbito universitario. Según Fox News, el Congreso también debate si los fondos del Smithsonian —financiados por contribuyentes— deben ser recortados ante acusaciones de historia «woke». La presión sobre instituciones educativas y culturales financiadas con dinero público se extiende, pues, más allá del ámbito estrictamente académico.
Conviene mirar los incentivos. Una facultad de derecho ocupa una posición singular en este debate: es, por definición, una institución formada para interpretar y aplicar la ley. Que sea precisamente ese tipo de institución la señalada por el DOJ por presuntamente desafiar un fallo del máximo tribunal del país no es un detalle menor. El principio en juego es la igualdad ante la ley como norma universal, no como aspiración selectiva.
El dato importa más que el ruido. Las universidades que reciben subsidios federales operan bajo un contrato implícito con el contribuyente: cumplir la ley a cambio del financiamiento público. Cuando ese contrato se percibe roto —y más aún en instituciones que forman a quienes administrarán el sistema legal— la pregunta sobre rendición de cuentas deja de ser ideológica para volverse institucional. La credibilidad del Estado de derecho no se sostiene con excepciones para los bien posicionados.
