El Departamento de Justicia (DOJ) anunció el lunes una investigación sobre Harvard University para determinar si la institución aceptó donaciones extranjeras que favorecen a estudiantes de China y otros países en detrimento de ciudadanos estadounidenses.
La revisión se centra en si esos arreglos violan el Título VI de la Ley de Derechos Civiles, que prohíbe a las instituciones que reciben fondos federales discriminar por origen nacional. La División de Derechos Civiles del DOJ realizó una auditoría de las declaraciones de financiamiento extranjero y encontró que Harvard había reportado casi 4.500 millones de dólares en fondos foráneos —más que cualquier otra universidad estadounidense—, incluyendo más de 630 millones de dólares provenientes de China, su mayor fuente exterior.
Según el DOJ, algunos donantes con base en China instruyeron a Harvard a destinar sus contribuciones a programas de ayuda financiera limitados a estudiantes de países específicos. El departamento alegó que cumplir con esas restricciones podría perjudicar a estudiantes de otras nacionalidades, incluidos los estadounidenses.
«Every American student should have an equal opportunity to compete for college scholarships, grants, and other kinds of financial aid and benefits», afirmó Harmeet Dhillon, Fiscal General Adjunta para Derechos Civiles, en un comunicado. «Schools cannot take federal dollars and then turn around and accept money from foreign sources to give financial aid that deliberately excludes American citizens — doing so is illegal, and we will stop it wherever we find it», añadió.
El DOJ no identificó las becas ni los donantes específicos bajo examen y subrayó que la revisión continúa sin que se hayan alcanzado conclusiones. Como antecedente, las fuentes señalan que en 2014 los cofundadores de SOHO China, Pan Shiyi y Zhang Xin, donaron 15 millones de dólares para apoyar a estudiantes chinos en Harvard. El departamento no ha indicado si esa donación forma parte de la investigación.
Harvard rechazó las implicaciones. «Harvard follows the law for required reporting of donations and, consistent with our legal obligations under Title VI, does not unlawfully discriminate on the basis of race, ethnicity, or national origin in allocating financial aid», señaló la universidad en un comunicado.
La investigación se suma a un conflicto más amplio entre la administración Trump y la institución de Cambridge. Las autoridades federales también han examinado a Harvard por presunto antisemitismo, prácticas de admisión y el trato a estudiantes extranjeros. Un juez federal bloqueó previamente el intento de la administración de recortar miles de millones de dólares en financiamiento para investigación mientras continúa el litigio relacionado.
Conviene mirar los incentivos. Una universidad que recibe fondos del contribuyente estadounidense y simultáneamente administra cientos de millones en donaciones extranjeras con restricciones de nacionalidad enfrenta una contradicción difícil de sostener ante la ley. El principio es elemental: el dinero público exige condiciones de igualdad; el dinero privado extranjero no puede operar como palanca para excluir a ciudadanos en instituciones que dependen del erario federal.
El dato importa más que el ruido. Independientemente del desenlace judicial, la cifra de 4.500 millones de dólares en fondos foráneos —con China como principal origen— plantea preguntas que van más allá de la equidad en becas: tocan la autonomía institucional, la transparencia y la pregunta de a quién sirve, en última instancia, una de las universidades más influyentes del mundo.
