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El costo humano de los reclutamientos opacos en la guerra de Rusia y Ucrania

Un exsoldado colombiano viajó a Rusia por un contrato prometido y terminó como prisionero de guerra en Ucrania. El caso expone el valor de la información clara y el riesgo de dejar a las familias a merced de intermediarios y versiones contradictorias.
Imagen generada con IA
Internacionalsábado 3 de octubre de 2026

Nicole Sepulveda, de 25 años y residente en Ecuador, pasó meses buscando a su padre, John Jairo Sepulveda, un exsoldado pensionado y retirado del Ejército Nacional de Colombia de 43 años. La búsqueda arrancó con una promesa laboral y terminó en un video de un prisionero de guerra en Ucrania.

Según relató Nicole a Infobae, su padre aceptó trasladarse a Rusia atraído por un contrato laboral lucrativo, una suma importante de dinero y supuestos beneficios. También sabía que viajaría con la intención de incorporarse al ejército ruso, aunque no conocía las condiciones reales ni la gravedad de lo que encontraría allá.

El 27 de marzo de 2026, Jairo abordó un vuelo desde el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá con destino a Estambul, Turquía, para luego hacer escala hacia Moscú. Viajó acompañado por un antiguo compañero del ejército colombiano. Ninguno dominaba el idioma ruso, y eso complicó cada paso de su estadía.

Firmó contratos redactados íntegramente en ruso. De acuerdo con el relato de su hija, no entendió la letra chica ni las condiciones reales de esos documentos. Tras recibir un adiestramiento militar exprés de apenas diez días, fue enviado al frente de batalla.

La última comunicación directa entre Nicole y su padre ocurrió el 15 de mayo de 2026. Desde entonces, el teléfono enmudeció. Al principio, la falta de señal en zonas de conflicto pareció una explicación lógica, pero con el paso de las semanas el silencio se volvió insoportable.

Luego llegó una noticia devastadora. El compañero de viaje de John Jairo, herido en combate y hospitalizado en Moscú, transmitió bajo amenazas una versión trágica: John habría muerto en la trinchera durante la denominada «Operación Vivaldi». Más tarde, Verónica García, presuntamente funcionaria del Ministerio Público, confirmó a la familia el 17 de julio que el padre de Nicole había muerto en combate.

La familia recibió un mensaje en el que se afirmaba falsamente que John Jairo Sepulveda había fallecido. Sin embargo, nunca se entregó un certificado de defunción original ni un documento legal que lo acreditara. Además, insistían en que la joven viajara a Rusia a recuperar el cuerpo.

Nicole siguió buscando por su cuenta en redes sociales, grupos de Telegram y comunidades de familiares de desaparecidos. La confirmación real llegó mediante un chatbot de búsqueda de prisioneros en Ucrania: John Jairo no estaba muerto. Había sido capturado el 26 de mayo de 2026 por tropas ucranianas durante su primera misión militar y trasladado a un centro de detención como prisionero de guerra.

Después llegó la prueba visual. En un video difundido en redes y en un registro grabado enviado a Nicole desde el chatbot, apareció su padre con uniforme de cautivo, declarando ser colombiano y confirmando que permanecía prisionero en Ucrania desde el 26 de mayo. En la grabación, pidió ser incluido en un canje de prisioneros para volver a casa.

Frente a la parálisis institucional y a las respuestas ambiguas de las cancillerías latinoamericanas, el caso deja una lección incómoda: cuando el Estado llega tarde o no llega, las familias pagan el precio. Conviene mirar los incentivos. Un contrato opaco, una cadena de intermediarios y una guerra lejana pueden convertir una decisión individual en una tragedia administrada por terceros.

También queda en evidencia el costo de la desinformación y de los canales informales en conflictos armados. Cuando no hay documentos claros, cuando no existe una verificación rápida y cuando la burocracia se impone sobre la evidencia, la incertidumbre se transforma en sufrimiento familiar. El dato importa más que el ruido.

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