El Tribunal Constitucional de España ha admitido a revisión el Tratado de Amistad y Cooperación suscrito entre Pedro Sánchez y Emmanuel Macron en Barcelona en enero de 2023. El objeto del escrutinio es un artículo que obliga a que «un miembro del Gobierno de una de las partes será invitado al Consejo de Ministros de la otra, al menos una vez cada tres meses y por rotación».
La solicitud llegó del Senado español, cámara de mayoría conservadora, que el 9 de julio planteó la cuestión de manera previa a la ratificación del acuerdo. Los senadores del Partido Popular y de Vox argumentaron que el texto entra en contradicción con hasta siete puntos de la Constitución nacional. La decisión que adopte el Constitucional será vinculante.
El tratado había superado ya los trámites legislativos en ambos países: la Asamblea francesa lo revalidó y el Congreso de los Diputados español también lo aprobó. Solo falta la ratificación del Senado, ahora suspendida a la espera del pronunciamiento constitucional.
Antes de que el Senado actuara, los dos ejecutivos suscribieron una interpretación conjunta para precisar que los ministros extranjeros participarían «en los márgenes» de los consejos de ministros y en reuniones formalmente separadas. Ese matiz no bastó para disipar las dudas de la cámara alta. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reprochó con dureza la actitud de la derecha sobre este asunto, según recoge la agencia EFE.
El dato importa más que el ruido. Lo que está en juego no es un tecnicismo procedimental: el Consejo de Ministros es el núcleo del poder ejecutivo de un Estado soberano. Permitir la presencia —aunque sea protocolaria o «en los márgenes»— de un miembro de un gobierno extranjero en esa instancia plantea preguntas legítimas sobre los límites de la cooperación bilateral y sobre quién responde, en última instancia, ante el electorado nacional por las decisiones adoptadas.
Conviene mirar los incentivos. Para Sánchez, la ratificación del tratado representa un activo diplomático con París y un símbolo de su política exterior europeísta. Para el Senado conservador, el control constitucional previo es el instrumento institucional disponible para frenar un acuerdo que, a su juicio, diluye atribuciones constitucionales del ejecutivo español. El Constitucional tendrá ahora que arbitrar entre ambas lecturas. La historia sugiere cautela ante los marcos de cooperación que se negocian con rapidez y se ratifican sin escrutinio suficiente: las cesiones de soberanía, por pequeñas que parezcan, rara vez se revierten con facilidad.
