El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emitió esta semana una declaración formal en la que expresa su preocupación por el deterioro de la situación en Yemen y exige a los rebeldes hutíes que cesen toda acción que pueda intensificar las hostilidades en la región.
El comunicado condena específicamente los aterrizajes no autorizados de aeronaves registrados el 3 de julio en el Aeropuerto Internacional de Saná y el 13 de julio en Hudaydah, calificándolos de violaciones a las normas internacionales de aviación civil y al principio de soberanía del espacio aéreo yemení. El organismo subrayó que todos los vuelos con destino a aeropuertos del país deben ser coordinados y autorizados previamente por las autoridades reconocidas de Yemen.
El Consejo censuró además los ataques con misiles atribuidos a los hutíes contra Arabia Saudita desde el 13 de julio, así como las acciones dirigidas contra buques comerciales a partir del 22 de julio. Según la declaración, estas acciones representan una amenaza directa para la seguridad regional y para los derechos y libertades de navegación.
El enviado especial de la ONU para Yemen, Hans Grundberg, alertó previamente del riesgo de una reanudación del conflicto a gran escala, en lo que sería el momento de mayor peligro desde la tregua auspiciada por el organismo en abril de 2022. El Consejo reiteró su respaldo a los esfuerzos de Grundberg por alcanzar un acuerdo político negociado, inclusivo y liderado por los propios yemeníes.
El contexto es conocido pero conviene precisarlo. Los hutíes controlan Saná y amplias zonas del norte y el oeste de Yemen desde 2014, mientras que el Gobierno reconocido internacionalmente mantiene su base de poder en Adén. El conflicto se prolonga desde hace más de una década y ha adquirido una dimensión regional por la implicación de distintas potencias y actores de Oriente Medio.
El organismo instó al movimiento hutí a recurrir a los mecanismos de diálogo existentes y reiteró su respaldo a la soberanía, independencia, unidad e integridad territorial de Yemen. También defendió la necesidad de mantener un acceso aéreo «seguro, protegido y sostenible» para las operaciones humanitarias y civiles.
Conviene mirar los incentivos. Los hutíes han demostrado, una vez más, que los llamados al diálogo no alteran su cálculo estratégico mientras dispongan de capacidad de fuego y respaldo externo. Cada ataque contra la navegación comercial no es solo una provocación militar: es un golpe directo al comercio internacional y a las cadenas de suministro que atraviesan el Mar Rojo, cuyo costo recae, en última instancia, sobre consumidores y economías que nada tienen que ver con el conflicto yemení.
El dato importa más que el ruido. Una declaración del Consejo de Seguridad, sin mecanismos de cumplimiento vinculantes, tiene un valor limitado frente a un actor que no reconoce la autoridad del Gobierno yemení ni la legitimidad del propio organismo. La historia sugiere cautela: desde 2014, los comunicados de condena han sido abundantes; los cambios en el terreno, escasos. El verdadero indicador a seguir no es el texto del comunicado, sino si las potencias con influencia real sobre los hutíes están dispuestas a ejercerla.
