El Consejo Constitucional de Francia bloqueó el viernes un proyecto de ley que prohibía el acceso a las redes sociales a menores de 15 años. El tribunal argumentó que la norma infringía la libertad de expresión, en un revés directo para el presidente Emmanuel Macron.
El razonamiento del tribunal es preciso: «Al prohibir que los menores de 15 años accedan a determinados servicios en línea, la ley exige inherentemente que toda persona, incluso un adulto, demuestre su edad antes de acceder a ellos». El Consejo añadió que la legislatura «no ha establecido las garantías legales necesarias para asegurar el cumplimiento de estos requisitos» al no especificar las condiciones y los límites bajo los cuales debe presentarse dicha prueba.
El Parlamento francés había aprobado la prohibición convirtiéndose, según la fuente, en el primer país de Europa en seguir el ejemplo de Australia, cuya norma pionera impidió el acceso a plataformas como Facebook, TikTok y YouTube a menores de 16 años en diciembre pasado.
Tras conocerse el fallo, el Elíseo informó que Macron ordenó al primer ministro Sébastien Lecornu revisar el proyecto de ley para incorporar las observaciones del Consejo Constitucional. El palacio presidencial indicó que Macron está decidido a que la reforma entre en vigor antes de la primavera de 2027, cuando Francia celebrará elecciones presidenciales. Macron no puede presentarse a un tercer mandato.
El dato importa más que el ruido. La decisión del Consejo Constitucional no rechaza el objetivo de proteger a los menores en línea; rechaza el método. La ley caía por su propio peso técnico: para verificar que un usuario tiene más de 15 años, el sistema debe verificar la edad de absolutamente todos los usuarios, adultos incluidos. Eso convierte una medida de protección infantil en un mecanismo de identificación universal, con las implicaciones que ello tiene para la privacidad y la libertad de expresión de la población adulta.
Conviene mirar los incentivos. El calendario político de Macron es transparente: quiere una victoria legislativa visible antes de las presidenciales de 2027, en las que no competirá pero cuyo resultado moldea su legado. La presión por reformular rápido el texto corre el riesgo de producir una norma igualmente defectuosa, diseñada más para el titular electoral que para la arquitectura jurídica sólida que el propio Consejo Constitucional exige.
Europa lleva años debatiendo cómo regular el acceso de menores a plataformas digitales sin sacrificar derechos fundamentales de los adultos. El fallo francés recuerda que esa tensión no se resuelve con prohibiciones de trazo grueso, sino con marcos legales que definan con precisión las condiciones, los límites y las salvaguardas. La historia sugiere cautela: las regulaciones digitales apresuradas suelen generar más litigios que protección efectiva.
