Rodrigo Londoño, alias Timochenko, regresó a Colombia el 14 de julio tras una visita a España autorizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El viaje, que incluyó su presencia en las instalaciones del Congreso de los Diputados, encendió una polémica que cruzó el Atlántico en ambas direcciones.
El detonante en Madrid fue la participación de Londoño en un foro organizado por la Izquierda Unida Federal, convocado para analizar el proceso de paz colombiano que culminó hace diez años con el gobierno de Juan Manuel Santos. El diputado Enrique Santiago —secretario general del Partido Comunista de España y asesor jurídico del equipo negociador de las FARC entre 2012 y 2016— facilitó el encuentro y acompañó al exguerrillero en las dependencias parlamentarias.
En la Cámara de Diputados, el legislador del partido Vox Manuel Mariscal Zabala dirigió sus cuestionamientos directamente a Santiago. «La semana pasada usted trajo aquí al líder de la banda terrorista de las FARC. Le paseó aquí por el Congreso de los Diputados», afirmó Mariscal, quien también preguntó si la presidencia de las Cortes «le puso alfombra roja o pasó el detector de metales». El diputado concluyó con un llamado formal: «Pedimos a la presidencia de esta Cámara que no vuelva a suceder».
La diputada Cayetana Álvarez de Toledo calificó a Santiago como el «valedor del chavismo» y describió a las FARC como «una organización terrorista que hizo del secuestro una industria, que reclutaba a niños soldados», según recoge la fuente.
El perfil de Santiago añade combustible al debate. Además de haber sido el principal asesor jurídico del equipo negociador de las FARC, fue uno de los juristas clave en el diseño del modelo de la JEP. Con anterioridad al proceso de paz, defendió en Europa a personas acusadas de integrar frentes internacionales de esa guerrilla, entre ellas María Remedios García Albert, detenida por presunta cercanía al alias Raúl Reyes.
En Colombia, la oposición ya había cuestionado el permiso de la JEP con el argumento de que Londoño no ha recibido sanción ni pena por los crímenes cometidos durante el conflicto armado. A su regreso, el exjefe guerrillero declaró: «Ya tengo casi el pasaporte lleno. No sé por qué se escandalizaron porque fui a España», una frase que amplificó las críticas. La JEP mantiene abiertas versiones libres y audiencias a las que Londoño debe comparecer.
El dato importa más que el ruido. Lo que esta secuencia revela no es una disputa protocolar entre parlamentos, sino una tensión de fondo sobre los límites de la justicia transicional: un tribunal diseñado para garantizar verdad y reparación termina habilitando giras internacionales para quien aún no ha enfrentado sanción alguna. Conviene mirar los incentivos que genera ese modelo: si la impunidad no tiene costo, la reconciliación pierde credibilidad ante las víctimas y ante la comunidad internacional.
Que legisladores españoles de distintos partidos hayan exigido públicamente que el Parlamento de Madrid no vuelva a recibir a Londoño es una señal que el gobierno Petro —promotor de la «paz total» y defensor de la JEP como vitrina exterior— difícilmente podrá ignorar. La historia sugiere cautela: los procesos de paz que confunden impunidad con reconciliación suelen pagar el precio político más tarde, y con intereses.
