El 9 de Julio de 1816 no fue únicamente el momento en que las Provincias Unidas cortaron formalmente sus vínculos con la Corona española. Según el historiador y especialista en economía Emiliano Salas, aquella jornada en Tucumán representó también el primer intento serio de dotar a ese territorio de un marco institucional capaz de sostener la independencia recién proclamada.
Salas lo explicó en una entrevista con el equipo de Infobae a la Tarde. Para el investigador, el 9 de Julio no puede leerse como un hecho aislado, sino como una etapa distinta del proceso iniciado en 1810. «El 25 de mayo es el primer grito de libertad; el 9 de julio es el primer grito de independencia y autonomía», resumió.
El contexto geopolítico empujaba en esa dirección. La derrota de Napoleón y la restauración de las monarquías europeas habían modificado el panorama internacional y obligaban a los líderes rioplatenses a consolidar jurídicamente la ruptura con España. Para Salas, ese cambio también transformó la lógica interna del proceso revolucionario: «Si el 25 de mayo es movilización, revolución, el 9 de julio marca el paso del caos revolucionario a la búsqueda de una estabilidad».
El Congreso de Tucumán tuvo, además, una impronta distinta a la de la Revolución de Mayo. Mientras el movimiento de 1810 estuvo fuertemente concentrado en Buenos Aires, la reunión de 1816 intentó incorporar una perspectiva más amplia sobre el territorio. «El 9 de julio es un evento mucho más federal. La Revolución de Mayo tiene un origen muy porteño. El Congreso trata de neutralizar el nivel de centralismo del poder político de Buenos Aires», afirmó el historiador.
Sin embargo, esa aspiración convivía con limitaciones concretas. Varias provincias vinculadas a la Liga de los Pueblos Libres, liderada por José Gervasio Artigas, no enviaron diputados al Congreso. Otras, como Córdoba, atravesaban fuertes debates internos sobre su participación. La independencia fue, en palabras de Salas, el resultado de acuerdos parciales en un territorio todavía lejos de constituirse como un Estado nacional plenamente integrado.
Ese período entre 1810 y 1816 fue, a su juicio, «un laboratorio de política impresionante». Entre los experimentos de aquellos años figuró incluso la discusión sobre instaurar una monarquía constitucional encabezada por un descendiente de los incas, iniciativa impulsada por Manuel Belgrano y apoyada por José de San Martín. Salas no la interpreta como una excentricidad, sino como una respuesta a una necesidad real: dotar de legitimidad internacional a la revolución y construir una autoridad capaz de unificar un territorio profundamente fragmentado.
Las guerras de independencia también desplazaron el eje del poder. «Lo que se ve en el Congreso de Tucumán es el traspaso de una política con un ala civil a una política muy dominada por la faceta militar», señaló. En paralelo, los representantes provinciales respondían principalmente a gobernadores y caudillos locales, en un esquema muy distinto de las formas de representación política actuales.
Esa realidad explica, según Salas, por qué la identidad nacional tardó décadas en consolidarse. «Tengo la impresión de que, por lo menos hasta la década de 1860, las identidades son mucho más provinciales que nacionales», afirmó. El historiador asigna un papel central a Bartolomé Mitre en la construcción posterior de un relato común sobre el origen de la Argentina.
Conviene mirar los incentivos de aquel momento con honestidad histórica. El Congreso de Tucumán no fue la fundación de un Estado maduro, sino el intento —parcial, negociado, militarizado— de establecer un orden donde antes reinaba la incertidumbre. La tensión entre unidad institucional y autonomía provincial que aquellos diputados no pudieron resolver del todo sigue siendo, doscientos diez años después, una de las líneas de falla más persistentes de la política argentina. El dato importa más que el ruido: los grandes problemas de organización no se resuelven con declaraciones; se resuelven con instituciones que funcionen.
