El número es contundente: el 72,9% de las mujeres argentinas pospone su salud. Postergan chequeos, estudios y consultas que saben que deben hacerse. El dato surge de una encuesta propia en la que ya participaron más de 3.200 mujeres en todo el país, impulsada por el capítulo argentino de Women in Global Health (WGH). Los resultados preliminares se presentarán el 24 de este mes en el Paseo La Plaza de Buenos Aires, en el marco del Coloquio de Líderes en Salud que la organización celebra por tercer año consecutivo.
La encuesta, denominada «Lo que las mujeres necesitan», todavía está abierta. Aun así, ya arroja señales que las organizadoras califican de «inéditas». En Córdoba, por ejemplo, la menopausia y el climaterio aparecen como las consultas con menor respuesta del sistema, por encima incluso de la salud mental, que es el reclamo más recurrente en la mayoría de las jurisdicciones. A eso se suman dos quejas transversales: sentirse ignoradas cuando describen síntomas y enfrentar problemas de cobertura para el cuidado de su propia salud.
El coloquio estructurará el debate en torno a tres «preguntas incómodas». La primera apunta a la gobernanza de datos: ¿puede un país planificar su política sanitaria sin controlar su propia información? La segunda cuestiona el lugar del sector en la agenda económica: ¿por qué la salud no está sentada en la mesa donde se discute el presupuesto? La tercera mira hacia adentro del sistema: ¿qué hizo —o dejó de hacer— el establishment sanitario para perder la confianza de la sociedad?
«Sin confianza no hay adherencia, ni prevención, ni política pública que funcione», advierten las organizadoras. La ecuación es simple: pacientes que no vuelven equivalen a tratamientos abandonados y a costos diferidos que el sistema termina absorbiendo en estadios más graves y más caros.
El contexto institucional agrava el diagnóstico. El sector emplea a un 75% de fuerza laboral femenina, pero solo el 25% de esas mujeres ocupa cargos de decisión en ministerios, asociaciones profesionales, hospitales o clínicas. Emilia Cano, presidenta de WGH Argentina, lo sintetizó con precisión: «El sistema de salud fue diseñado sin preguntarles qué necesitan».
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Conviene mirar los incentivos. Un sistema que concentra el poder de decisión en el 25% de su fuerza laboral mientras ignora las necesidades del 75% restante no es solo un problema de equidad: es un problema de eficiencia. Los recursos mal asignados —cobertura que no responde a la menopausia, salud mental subfinanciada, datos sin gobernanza— generan gasto diferido y desconfianza acumulada, dos pasivos que el contribuyente termina pagando.
La pregunta sobre financiamiento es, en el fondo, una pregunta sobre prioridades presupuestarias. En un país que debate ajuste fiscal con urgencia, la tentación es tratar la salud como variable de ajuste. El dato importa más que el ruido: cuando más del 60% de las mujeres posterga consultas según la provincia, el costo real no desaparece; simplemente se traslada a urgencias, internaciones y tratamientos más complejos. Un sistema que no escucha a sus pacientes no es más barato: es más caro, y lo paga tarde.
