Un ejercicio conjunto con un pequeño contingente militar de Estados Unidos en el sur de Argentina quedó bajo escrutinio político después de que miembros de la oposición afirmaran que el presidente Javier Milei no notificó al Congreso sobre la operación.
La Armada Argentina confirmó el 16 de septiembre la presencia de ocho estadounidenses, descritos como marines, en la provincia de Tierra del Fuego, luego de que fotografías de los soldados circularan en redes sociales. Las autoridades dijeron que formaban parte de un ejercicio conjunto con el 4.º Batallón de Infantería de Marina, conocido como BIM 4, en Ushuaia, dentro de un «intercambio de expertos en clima frío». Según esa información, el entrenamiento comenzó el 8 de septiembre y terminará el 22 de septiembre.
La controversia adquiere mayor peso por el contexto regional. Las tensiones entre el Reino Unido y Argentina se han intensificado en las últimas semanas por el control de las islas Malvinas, frente a la costa sureste argentina. Reino Unido y Argentina libraron en 1982 una guerra de diez semanas por el archipiélago del Atlántico Sur, que Londres administra como territorio británico de ultramar y que Buenos Aires reclama como propio.
La discusión inmediata, sin embargo, es jurídica e institucional. La Ley 25.880 establece un procedimiento por el cual el Poder Ejecutivo debe solicitar autorización al Congreso Nacional, según el artículo 75, sección 28, de la Constitución Nacional, para permitir la introducción de tropas extranjeras en territorio argentino y el despliegue de fuerzas nacionales fuera de él.
De acuerdo con la información difundida, Milei ha eludido esa ley en ocasiones recientes mediante decretos de emergencia para permitir el ingreso de tropas extranjeras, incluso en septiembre de 2025 y abril de 2026. Pero en este caso, según se informó, no emitió un decreto de ese tipo ni notificó a la legislatura para este ejercicio.
Eso alimentó las críticas de funcionarios locales en Tierra del Fuego. Andrés Dachary, secretario de las Islas Malvinas, la Antártida, las Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, dijo a Latin America Reports que se trata de «una flagrante irregularidad institucional» y «una violación de la Constitución Nacional», porque la autorización para la entrada de tropas extranjeras corresponde al Congreso Nacional.
Dachary también cuestionó a la Comisión Permanente de Procedimiento Legislativo Bicameral. Dijo que existe «un desprecio alarmante» de ese organismo, al que acusó de retrasar o no abordar estos decretos y de ignorar la falta de acreditación de la «necesidad» y la «urgencia» requeridas por el artículo 99, sección 3, para justificar medidas excepcionales.
El funcionario añadió que, al no emitir o someter esos decretos a rechazo inmediato en las cámaras, la comisión permite «por omisión» que el Ejecutivo vacíe de contenido los poderes del Legislativo y socave la soberanía territorial «a través de la puerta trasera».
No es la primera vez que tropas estadounidenses ingresan en Argentina bajo la actual administración. Antes, el gobierno de Milei autorizó dos entradas por decreto: una en septiembre de 2025, para ejercicios conjuntos en el sur y el despliegue de tropas locales en Chile; y otra en abril de 2026, para permitir el despliegue de Fuerzas de Operaciones Especiales del Comando del Sur de Estados Unidos y activos navales.
La lectura política es difícil de eludir. Cuando el Poder Ejecutivo abre la puerta a fuerzas extranjeras sin una autorización clara del Congreso, la institución que queda debilitada no es una abstracción: es el control civil sobre decisiones de seguridad y territorio. Conviene mirar los incentivos. Un Estado que normaliza excepciones termina degradando la propia regla que dice defender.
También hay un costo de soberanía. En un momento de tensión por las Malvinas, cualquier señal de opacidad institucional en Tierra del Fuego pesa más de lo que parece. El problema no es solo quién participa en un ejercicio militar; es quién decide, con qué mandato y bajo qué límites. Cuando el Parlamento queda al margen, el país gana velocidad, pero pierde legitimidad.
