Estados Unidos y Arabia Saudí firmaron el miércoles un acuerdo nuclear sin precedentes que permitiría al reino del Golfo establecer un programa atómico con fines civiles. El anuncio, adelantado por The Washington Post y confirmado por ambas partes, generó inquietud inmediata en la región y más allá.
El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, explicó en rueda de prensa que el pacto duraría 30 años e implicaría una asociación «valorada en miles de millones de dólares». Según Wright, el acuerdo permitiría a empresas privadas estadounidenses del sector nuclear contribuir al desarrollo de un programa de energía civil en Arabia Saudí —generación eléctrica, principalmente— para satisfacer las «necesidades energéticas» del país. El reino, mayor exportador de petróleo del mundo, busca desde hace años reducir su dependencia de los hidrocarburos en el marco del plan reformador del príncipe heredero Mohamed bin Salman.
La arquitectura del pacto tiene una lógica comercial y estratégica clara: los saudíes deberán utilizar tecnología nuclear de origen estadounidense, junto con formación y asistencia técnica, lo que deja fuera de la ecuación a Rusia y China. El presidente Donald Trump confirmó además, a través de su cuenta en Truth Social, que el acuerdo está condicionado a que Arabia Saudí se incorpore a los Acuerdos de Abraham, el marco de normalización de relaciones entre Israel y países árabes que Washington impulsa como eje de su política regional. Riyad estuvo cerca de sumarse hace dos años, pero el proceso se paralizó tras los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023 y el inicio de la guerra en Gaza.
El punto de mayor controversia es la posibilidad de que el pacto allane el camino para construir una instalación de enriquecimiento de uranio en suelo saudí. Wright precisó que eso dependería de que «un estudio conjunto de dos años» entre ambos países determine que dicha instalación es necesaria. El matiz no ha bastado para disipar las alarmas: el uranio altamente enriquecido puede emplearse en la fabricación de armas nucleares, y administraciones anteriores —incluida la de Biden— se habían mostrado reacias a autorizar ese proceso en terceros países. Los detalles técnicos del acuerdo aún no se han hecho públicos; antes de entrar en vigor, deberá pasar por el Congreso de Estados Unidos.
Conviene mirar los incentivos. Para Washington, el pacto es un negocio de largo plazo que ancla a Arabia Saudí en la órbita tecnológica y diplomática estadounidense, desplaza a competidores geopolíticos y vincula la energía nuclear civil a un proceso de normalización con Israel. Para Riyad, resuelve una necesidad energética real mientras preserva —al menos en teoría— la ambición soberana de dominar el ciclo del combustible nuclear.
El dato importa más que el ruido. La historia de la no proliferación muestra que la línea entre el átomo civil y el militar es fina y que los mecanismos de verificación han fallado antes. El valor del acuerdo para el orden regional dependerá, en última instancia, de cuán vinculantes resulten las salvaguardas que el Congreso exija antes de ratificarlo. Sin esa arquitectura institucional sólida, la foto del miércoles corre el riesgo de convertirse en un precedente que otros actores regionales invoquen para exigir las mismas condiciones.
