La madrugada del miércoles 29 de julio, Estados Unidos y Arabia Saudí ejecutaron una operación conjunta contra varias bases de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) en Irak. Según el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), la acción respondió a más de treinta ataques con drones dirigidos por la Guardia Revolucionaria iraní contra fuerzas estadounidenses e infraestructuras energéticas saudíes durante las últimas 72 horas. El saldo, conforme a la misma fuente, fue de al menos 20 milicianos muertos y 32 heridos.
Teherán reaccionó con dureza. El Ministerio iraní de Asuntos Exteriores calificó los bombardeos de «agresión flagrante contra la soberanía nacional y la integridad territorial de Irak» y los enmarcó como parte de las «ambiciones de Estados Unidos y del régimen sionista de ampliar el alcance de la guerra y el conflicto en la región de Asia Occidental». La diplomacia iraní responsabilizó al «belicista régimen estadounidense y a sus cómplices en la región» de «las peligrosas consecuencias de estas acciones criminales, inhumanas y provocadoras».
Las FMP fueron creadas en 2014 mediante decreto gubernamental para combatir al grupo yihadista Estado Islámico. El Parlamento iraquí las reconoció posteriormente como parte del aparato de seguridad del Estado, subordinadas al primer ministro. Alineadas con Irán, están integradas mayoritariamente por grupos chiíes, aunque también incluyen facciones suníes y de otras minorías. En los últimos días habían concentrado sus ataques en Arabia Saudí, lo que precipitó la respuesta de Riad.
La secuencia de hechos importa más que la retórica de Teherán. Treinta ataques con drones en 72 horas contra fuerzas estadounidenses e infraestructuras energéticas saudíes no son escaramuzas menores: son una campaña de presión sostenida que, de quedar sin respuesta, habría señalado a toda la región que la disuasión occidental se había evaporado. La operación conjunta entre Washington y Riad envía el mensaje opuesto.
Conviene mirar los incentivos. Irán ha utilizado a las FMP como palanca de influencia en Irak desde su reconocimiento parlamentario, proyectando poder sin asumir la responsabilidad formal de un Estado beligerante. La estrategia funciona mientras el costo de los ataques recae sobre terceros; deja de funcionar cuando esos terceros responden directamente sobre las bases que los ejecutan. La coordinación entre el Centcom y Arabia Saudí sugiere que la administración Trump ha decidido elevar ese costo de forma explícita y con un socio regional que tiene sus propias infraestructuras en juego.
El dato importa más que el ruido. Teherán puede invocar el derecho internacional con la misma soltura con que dirige drones contra instalaciones energéticas ajenas. Lo que no puede hacer, sin revelar la debilidad de su posición, es ignorar que la arquitectura de milicias que construyó en Irak acaba de recibir un golpe directo y coordinado. La historia sugiere cautela ante cualquier escalada, pero también ante la ilusión de que la inacción preserva la estabilidad.
