Estados Unidos acusó a operativos de inteligencia rusos de haber orquestado un complot de asesinato por encargo contra un crítico del Kremlin que, según las autoridades, vivía en Washington, DC.
En documentos desclasificados el martes, fiscales federales sostienen que la conspiración formaba parte de una red global más amplia que reclutaba personas para cometer asesinatos y ataques terroristas en nombre de Moscú.
Los cinco hombres acusados en la incitación habrían trabajado para los servicios de inteligencia rusos y están señalados por haber pagado, o intentado pagar, a otras personas dentro y fuera de Estados Unidos para vigilar y matar a disidentes rusos. Tres de los acusados también enfrentan cargos de conspiración para cometer asesinato por encargo. Los cinco permanecen prófugos, según el Departamento de Justicia.
Según los fiscales, la operación llegó a la capital estadounidense a fines de agosto, cuando presuntos operativos de inteligencia rusos ordenaron a un ciudadano venezolano residente en Estados Unidos que filmara en secreto dos lugares del área de Washington vinculados con un crítico del Kremlin antes de ofrecerle 40.000 dólares para ejecutar el asesinato.
El reclutado completó la vigilancia, pero se negó a cometer el asesinato él mismo, de acuerdo con la acusación.
Los fiscales alegan que los cinco acusados eran miembros o asociados de una red dirigida por la inteligencia rusa que financió terrorismo y coordinó operaciones violentas en varios países. El reclutador habría guiado paso a paso la vigilancia, con instrucciones para poner el teléfono en modo avión, comenzar a grabar antes de entrar al vecindario, pasar despacio por la casa del objetivo y borrar los mensajes después.
La acusación dice que los conspiradores usaban lenguaje codificado y se referían al asesinato como «construcción» y a la vigilancia como «medición de un terreno». Cuando el reclutado rechazó matar al objetivo, los fiscales sostienen que la red buscó otros reclutas en Estados Unidos y señaló que también tenía «personas en México» disponibles para el trabajo.
Además del presunto complot en Washington, la acusación imputa a miembros de la red haber apoyado ataques contra infraestructura civil y militar en Europa y haber realizado vigilancia de disidentes rusos en el extranjero.
El caso señala una de las operaciones públicas atribuidas a la inteligencia rusa más graves de los últimos años contra una persona dentro de Estados Unidos. La acusación identifica a cinco supuestos miembros de lo que los fiscales llaman Russian Intelligence Services Network, o RIS: Yuri Khrameev, un excoronel de inteligencia ruso conocido como «Colonel Yuri»; su hijo, Kirill Khrameev, oficial del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, o FSB; Oemis Romagoza Durruthy, ciudadano cubano que vive en Rusia y que, según los fiscales, coordinaba ataques para la red; Yaidel Delgado Suarez, conocido como «Viking», y Angel Eduardo Castro.
La acusación también afirma que la misma red reclutó a un ciudadano estadounidense en Lituania para vigilar a otro crítico del Kremlin antes de ofrecerle unos 25.000 dólares para matarlo. Tras su negativa, los fiscales dicen que la red cambió de objetivo y pasó a solicitar actos de sabotaje contra infraestructura en países que apoyan a Ucrania, incluidos subestaciones eléctricas, almacenes y nodos de transporte.
Conviene mirar los incentivos. Si la acusación se sostiene, el caso muestra hasta dónde puede extenderse una red clandestina cuando el costo operativo es bajo y el objetivo estratégico es alto. Para una potencia como Estados Unidos, el desafío no es solo diplomático: es de seguridad interna, de aplicación de la ley y de capacidad para impedir que el aparato estatal de otro país opere dentro de su territorio.
La historia sugiere cautela. También recuerda que la seguridad nacional no se defiende con declaraciones grandilocuentes, sino con instituciones capaces de detectar, procesar y desarticular estas redes antes de que el dinero, la coerción y el encubrimiento se conviertan en violencia consumada.
