El presidente Daniel Noboa confirmó este viernes que José Serrano, exministro de Interior y Justicia durante el gobierno de Rafael Correa y expresidente de la Asamblea Nacional, fue deportado desde Estados Unidos a Ecuador. Será trasladado a la cárcel de El Encuentro, en la provincia de Santa Elena, luego de que la justicia ratificara la orden de prisión preventiva en su contra.
Serrano es uno de los siete sospechosos investigados por la Fiscalía en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 cuando salía de un mitin en Quito. El 8 de agosto, la fiscal Ana Hidalgo formalizó la acusación contra Serrano y los otros seis implicados como presuntos autores intelectuales del crimen, ejecutado por sicarios. Un juez validó el procedimiento y permitió que el caso avance hacia la fase previa al juicio.
Noboa anunció el traslado con un mensaje en X que incluía imágenes de Serrano custodiado por agentes del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU.): «Lo dijimos, lo cumplimos. José Serrano, ministro de interior de Correa, nuevo huésped de El Encuentro». Añadió una advertencia directa al expresidente, hoy en el exilio: «Ya mismo te toca a ti».
Serrano había ingresado a Estados Unidos con visa de turista en 2021 y solicitó asilo alegando que su vida corría peligro por su lucha contra la estructura criminal de Los Lobos en Ecuador. La petición fue denegada por una jueza en mayo de este año. Permanecía bajo custodia migratoria en el centro de detención de Krome, Florida, desde hace un año, tras infringir el tiempo permitido de su visado.
Verónica Serrano, hija del exministro, denunció en X que su padre fue retirado del centro de Krome y que «se encuentra desaparecido e incomunicado», sin que la familia ni los abogados fueran notificados. Según ella, su padre es «un perseguido político del gobierno de Daniel Noboa por haber denunciado los vínculos de su gobierno con el narcotráfico», y pidió apoyo a la comunidad internacional. Esa acusación contra el gobierno ecuatoriano no ha sido documentada de forma independiente y corresponde únicamente al señalamiento de la hija del detenido.
El caso Villavicencio ha sido, desde 2023, el expediente judicial más observado de Ecuador: un candidato presidencial asesinado en plena campaña, con vínculos investigados entre crimen organizado y política de alto nivel. Que uno de los antiguos jefes de la seguridad del Estado —ministro del Interior durante casi una década de correísmo— figure hoy como acusado de autoría intelectual es, en sí mismo, un dato que reordena la lectura sobre la institucionalidad heredada de esos años.
Conviene, sin embargo, separar dos planos que Noboa mezcló deliberadamente en su mensaje. Uno es el proceso judicial: una fiscalía que acusa, un juez que ratifica prisión preventiva, un traslado carcelario ejecutado conforme a una orden de deportación migratoria en Estados Unidos. Ese plano, hasta donde documentan las fuentes, sigue los cauces formales. El otro es la amenaza directa —«ya mismo te toca a ti»— lanzada desde la cuenta oficial del jefe de Estado contra un expresidente que no ha sido condenado por este caso. La historia sugiere cautela con los gobiernos que convierten la justicia en trofeo político, incluso cuando el expediente contra el acusado es sólido.
El dato importa más que el ruido: hay una acusación formal, un juez que la validó y un sospechoso que ya está bajo custodia ecuatoriana. Pero el estilo con que Noboa lo anunció —celebración pública seguida de amenaza a un tercero no procesado— es también un indicador sobre los incentivos que rigen la política ecuatoriana: la lucha contra el correísmo se libra tanto en los tribunales como en Twitter, y esa mezcla erosiona, más de lo que fortalece, la credibilidad de las instituciones que se dice defender.
