La Policía Nacional de Ecuador decomisó más de 1,2 toneladas de cocaína en el puerto marítimo de Guayaquil, ocultas en 1.080 cajas de fruta con destino a España. El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó la operación y precisó que el peso neto preliminar de la sustancia asciende a 1.252,8 kilos, impregnados en los cartones utilizados para transportar la fruta.
Las autoridades estimaron que la cantidad intervenida equivale a unas 12.528.000 dosis. Junto a la droga fueron retenidos un contenedor y tres sellos empleados para asegurar la carga, elementos clave en la logística del tráfico internacional.
Reiberg fijó el valor del cargamento en 37,58 millones de dólares en el mercado estadounidense y en 58,57 millones de dólares en el europeo. La diferencia entre ambas cifras ilustra el diferencial de precio que hace del corredor atlántico —con Europa como destino final— uno de los más rentables para las organizaciones narco que operan desde los puertos del Pacífico sudamericano.
«Continuamos desmantelando economías criminales: 1.080 cajas de fruta impregnadas de droga decomisadas en Guayaquil», escribió el ministro en redes sociales al difundir los resultados del operativo.
El método de impregnación en cartones de fruta no es nuevo, pero sigue siendo eficaz: distribuye la sustancia en una superficie amplia, dificulta la detección por olfato canino y se mimetiza con la carga legítima que fluye a diario por uno de los puertos de exportación más activos de América Latina. Guayaquil concentra una fracción significativa del comercio exterior ecuatoriano, lo que lo convierte en punto estratégico tanto para el comercio lícito como para las redes criminales que buscan aprovechar el volumen de contenedores en tránsito.
Reiberg encuadró el operativo en la estrategia más amplia de las fuerzas de seguridad ecuatorianas contra las estructuras dedicadas al tráfico internacional de drogas, una prioridad que el gobierno ha sostenido frente a la presión creciente de grupos organizados sobre el territorio y la infraestructura portuaria del país.
Conviene mirar los incentivos. Cada tonelada que no llega a su destino representa un golpe directo a la caja de las organizaciones criminales, que financian con esos flujos la corrupción, la violencia y la captura institucional que tanto daño han causado al Ecuador en los últimos años. El dato importa más que el ruido: 58 millones de dólares fuera del circuito narco es capital que no se convierte en armamento, sobornos ni expansión territorial. La historia sugiere cautela ante el optimismo fácil —las redes se adaptan y buscan nuevas rutas—, pero operativos de esta escala demuestran que un Estado con voluntad y capacidad puede infligir costos reales a las economías criminales. Esa es, en última instancia, la única lógica que los disuade.
