Casi tres meses después de declarado el brote, el ébola en la República Democrática del Congo (RDC) registra 3.973 casos confirmados y 1.801 muertes, según el Ministerio de Salud del país. El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, lo dijo sin rodeos durante su segunda visita a Kinshasa desde mayo: el número de nuevos casos se duplica en algunos puntos críticos y el brote avanza a un ritmo superior a los esfuerzos de control.
«Todos coincidimos en que debemos aumentar urgentemente y de manera masiva los esfuerzos en todos los pilares de la respuesta y entre todos los socios», declaró Tedros. La frase resume tanto la magnitud del problema como la distancia que aún existe entre el diagnóstico y la acción efectiva.
El epicentro es la provincia de Ituri, zona remota que comparte fronteras con Sudán del Sur, Uganda y Ruanda. Allí confluyen tres factores que potencian la emergencia: conflicto armado activo, lejanía geográfica y una huelga del personal sanitario por falta de pago. Aunque algunos empleados comenzaron a recibir salarios atrasados la semana pasada, el reclamo de mejoras salariales persiste. Anicet Baluku, residente de Bunia —capital de Ituri—, responsabilizó a la huelga de la muerte de sus dos hermanos por ébola y urgió a las autoridades a encontrar una solución rápida.
El agente responsable es el virus Bundibugyo, cepa que no cuenta con tratamiento ni vacuna aprobados. Esa ausencia de herramientas médicas consolidadas distingue este brote de episodios anteriores donde existían protocolos terapéuticos más desarrollados. Médicos Sin Fronteras advirtió que el brote continúa «propagándose a un ritmo alarmante y sin precedentes» y que la respuesta, aunque se amplía, no llega a las comunidades con suficiente rapidez para interrumpir las cadenas de transmisión.
La directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África, Jean Kaseya, identificó una falla estructural durante su visita a Bunia: entre el 60% y el 70% de los nuevos casos no corresponden a personas que estaban siendo monitoreadas tras haber estado expuestas a pacientes infectados. El rastreo de contactos, pilar básico de cualquier respuesta epidémica, no funciona. La detección tardía explica en buena medida la tasa de mortalidad del 45%; de los 77 casos notificados en las últimas 24 horas reportadas, 44 fueron fatales.
En términos históricos, el brote actual ya es el segundo más grande registrado, superado únicamente por el de África Occidental entre 2014 y 2016, que alcanzó más de 28.000 casos y más de 11.000 muertes. Lo que lo distingue no es la escala total, sino la velocidad: supera en ritmo de transmisión a todos los brotes anteriores.
Estados Unidos anunció una asignación adicional de 242 millones de dólares para la respuesta inmediata, medidas de preparación y asistencia humanitaria, con lo que el total de la asistencia directa estadounidense supera los 512 millones de dólares.
Conviene mirar los incentivos. Una huelga sanitaria en medio de una emergencia de esta magnitud no es un accidente administrativo: es el resultado predecible de estructuras estatales que no garantizan el pago oportuno a quienes arriesgan la vida en primera línea. La financiación internacional puede comprar insumos y capacitación, pero no sustituye la gobernanza local. Mientras el aparato estatal congoleño no resuelva la brecha entre los fondos que recibe y los salarios que paga, cada dólar aportado desde el exterior opera con un multiplicador reducido. El dato importa más que el ruido: el 60%-70% de los nuevos contagios ocurre fuera de cualquier red de seguimiento. Eso no es un problema de recursos; es un problema de organización y confianza institucional que ningún cheque externo puede corregir por sí solo.
