Una evaluación rutinaria de ciberseguridad reveló que las cámaras instaladas en los drones de vigilancia K3 Scout de la Royal Navy enviaban datos a una dirección IP ubicada en China. El Ministerio de Defensa retiró toda conectividad a internet de esos sistemas tras detectar la brecha. La flota afectada está valorada en 12 millones de libras y se encontraba en uso desde marzo.
La investigación concluyó que las cámaras enviaban «comunicaciones de latido»: señales que confirmaban que los dispositivos estaban en línea y operando con normalidad. El Ministerio sostuvo que no existen pruebas de que datos sensibles o sistemas oficiales hayan sido accedidos, comprometidos o transmitidos al exterior. Aun así, el hallazgo activó alarmas.
Los drones operaban cerca de reuniones de altos mandos de fuerzas especiales. También estuvieron presentes en las inmediaciones de la sede del Special Boat Service en Poole, Dorset. Las cámaras, según The Telegraph, permanecían activas incluso cuando las embarcaciones no tripuladas estaban apagadas.
El proveedor fue Kraken Technology Group, un contratista de defensa británico. La empresa obtuvo las cámaras de un tercero que había dado garantías sobre su seguridad. Un portavoz de Kraken reconoció que algunas cámaras compatibles con la NDAA contenían «un pequeño número de componentes originados fuera del Reino Unido». Una fuente de defensa citada por The Telegraph calificó el episodio como un «gran fallo» en la verificación del origen de los componentes.
Los K3 Scout fueron adquiridos dentro del Project Beehive, un programa que busca combinar buques no tripulados y buques de guerra tradicionales. El modelo está diseñado para transportar una carga útil de 600 kg y operar de forma continua durante 30 días. También fue adquirido por el Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos y participó en pruebas de la OTAN en el Báltico. Además, los drones integraban un paquete de defensa destinado a resguardar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.
El contexto político agrava el cuadro. El Gobierno laborista ha intentado recomponer la relación con Beijing mediante visitas de alto perfil. A comienzos de este año aprobó los planes para una superembajada china en Royal Mint Court, en el centro de Londres, pese a las preocupaciones por la cercanía del predio con líneas de comunicación sensibles. El año pasado, MI5 emitió una alerta advirtiendo que los servicios de inteligencia chinos eran «implacables» en sus intentos de interferir en el Parlamento. En 2020, el Gobierno conservador ya había prohibido a Huawei en la red de 5G por temores equivalentes.
La ministra de seguridad en la sombra Kearns pidió una auditoría urgente del equipamiento para detectar «huellas chinas» ocultas. Según ella, si el Reino Unido no puede afirmar con confianza qué hay dentro de su propio equipo militar, tampoco puede decir que ese equipo le pertenece ni que es soberano.
Conviene mirar los incentivos. La cadena de suministro de defensa opera bajo presión de costos y plazos. Esa presión genera atajos. El resultado es equipo militar con componentes de origen opaco integrado en operaciones sensibles. El dato importa más que el ruido: no se trata de un incidente aislado, sino de un patrón que los avisos de inteligencia llevan años señalando sin que la política de adquisiciones lo corrija de forma sistemática. La historia sugiere cautela ante los gobiernos que priorizan la recomposición comercial con Beijing sobre la auditoría rigurosa de lo que ya está desplegado.
