El presidente Donald Trump enfrenta una rebelión dentro de su propio partido en el Senado: los senadores republicanos John Cornyn, de Texas, y Thom Tillis, de Carolina del Norte, han anunciado que no confirmarán a Todd Blanche como fiscal general permanente del Departamento de Justicia (DOJ). La paradoja que sus críticos señalan es difícil de ignorar: ambos votaron a favor de Merrick Garland cuando el expresidente Joe Biden lo nominó para el mismo cargo.
En aquel entonces, según recogen las fuentes, Cornyn y Tillis describieron a Garland como una figura experimentada y bipartidista, y lo presentaron como un líder responsable para el DOJ. Lo que siguió, según sus críticos conservadores, fue un departamento que procesó dos veces al propio Trump, persiguió a activistas provida bajo una ley federal poco utilizada e investigó a católicos tradicionales como potenciales extremistas violentos.
Trump respondió con una táctica de presión directa: amenazó con retirar la nominación de Blanche hasta que Cornyn y Tillis abandonen el Senado en enero. La señal es inequívoca — prefiere esperar a tener un Senado más dócil que ceder ante dos legisladores salientes sin costo electoral que pagar.
Las reacciones en el entorno conservador fueron inmediatas. Mike Howell, presidente del Oversight Project, afirmó que ambos senadores «se quedaron de brazos cruzados mientras un DOJ y un FBI convertidos en arma destruían vidas por razones puramente partidistas», según recoge la fuente. El columnista Mark Davis recordó públicamente el voto de ambos a favor de Garland. Matthew Boyle, de Breitbart, señaló que la conducta de Cornyn confirma las críticas que le costaron su primaria por casi 30 puntos de diferencia. La comentarista Julie Kelly rescató un discurso de 2021 en el que Cornyn respaldó con entusiasmo a Garland.
El caso Blanche expone una tensión estructural dentro del Partido Republicano: la brecha entre los senadores de la vieja guardia — cuyo horizonte es la salida ordenada — y una base que exige coherencia doctrinal y lealtad al proyecto de la administración actual. Cornyn perdió su primaria por un margen amplio; Tillis anunció en junio que no buscará un tercer mandato en 2026. Ninguno de los dos enfrenta consecuencias electorales directas, lo que les otorga una libertad de acción que sus críticos interpretan como irresponsabilidad.
Conviene mirar los incentivos. Un senador sin primaria que superar ni escaño que defender puede votar con arreglo a consideraciones personales, institucionales o de legado, al margen de la disciplina de partido. Ese es precisamente el escenario que la Casa Blanca no puede controlar con los instrumentos habituales de presión política.
El dato importa más que el ruido. Lo que está en juego no es solo la confirmación de un funcionario: es la capacidad del ejecutivo de consolidar el control sobre el aparato de justicia federal en un momento en que la administración Trump define el alcance de su segundo mandato. Bloquear a Blanche no es un acto de moderación bipartidista — es, según la lectura de la Casa Blanca, un veto a la agenda de rendición de cuentas institucional que Trump prometió a sus votantes. La historia sugiere cautela: los senadores salientes raramente cambian de posición bajo presión mediática, y Trump lo sabe.
