El incendio forestal declarado el pasado jueves en Los Gallardos, municipio de la provincia de Almería, ha dejado doce fallecidos cuyos cadáveres permanecen sin identificar y ocho denuncias activas de personas desaparecidas, según el estado de la investigación conocido este sábado.
El departamento de Biología del servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha obtenido el perfil genético de los doce cuerpos recuperados. Sin embargo, el cotejo con familiares no ha podido completarse porque la recogida de muestras «está siendo compleja» al encontrarse los allegados viajando desde otros países. Las autoridades esperan cerrar el proceso de identificación en las próximas horas.
El caso adquirió dimensión diplomática cuando la ministra delegada de Francofonía y Colaboración Internacional de Francia alertó de que una ciudadana francesa podría figurar entre los desaparecidos. La funcionaria confirmó que el Ejecutivo galo «está en contacto con las autoridades españolas» para confirmar o desmentir el paradero de la mujer, y recomendó a los ciudadanos franceses presentes en España que eviten cualquier área afectada por las llamas. La ministra calificó la situación en Almería de requerir «la mayor de las cautelas».
El número oficial de denuncias por desaparición se mantiene en ocho, cifra que las autoridades no han modificado en las últimas horas a pesar de la alerta francesa, lo que sugiere que la posible víctima gala podría estar ya contabilizada en ese registro o que la denuncia formal está pendiente de tramitación.
La combinación de víctimas de distintas nacionalidades —evidenciada por la necesidad de recoger muestras genéticas en varios países— apunta a que el incendio afectó zonas con presencia significativa de residentes o turistas extranjeros, circunstancia habitual en el litoral almeriense durante el verano.
El dato importa más que el ruido. Lo que este incendio pone sobre la mesa no es solo la magnitud del fuego en sí, sino la capacidad de respuesta del Estado ante emergencias con víctimas de perfil internacional. La identificación de doce cadáveres depende hoy de la logística consular y de la velocidad con que familias dispersas en Europa puedan llegar a territorio español: un cuello de botella que las instituciones deberían anticipar con protocolos más ágiles, en lugar de gestionar la urgencia a posteriori.
Conviene mirar los incentivos. La presión diplomática francesa —inusual en un siniestro de esta naturaleza— revela que los gobiernos extranjeros no esperan pasivamente cuando uno de sus ciudadanos figura como posible víctima. España, que recibe decenas de millones de visitantes al año, tiene en esa exigencia un recordatorio de que la gestión de catástrofes es también política exterior. El orden y la transparencia informativa no son solo obligaciones morales; son, en esta coyuntura, activos de reputación que el país no puede permitirse dilapidar.
