España y Francia afrontan días decisivos en la lucha contra los incendios forestales. A partir de este lunes, la llegada de una nueva ola de calor eleva la presión sobre los servicios de emergencia en ambos países, según informaron las autoridades.
En España, los focos más graves se concentran en el centro peninsular —Madrid, Ávila y Toledo— y en Castellón, al este. Los incendios afectan ya a más de 171 mil personas entre evacuadas o confinadas. El gobierno español describió la situación como «muy compleja», pese a reportar una «evolución positiva» en las últimas horas.
El incendio originado en la provincia de Ávila, que se extendió hacia la región de Madrid, fue calificado el domingo por el propio gobierno como el «mayor incendio forestal de la historia reciente» de España, con casi 50 mil hectáreas afectadas. En la zona de Madrid y sus alrededores, el fuego obligó a desalojar a 75 mil personas de sus casas o sus lugares de vacaciones. En Cebreros, a unos 100 kilómetros de la capital, el cielo permanecía cubierto de humo blanco y el olor a quemado era persistente.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, advirtió que «quedan horas difíciles, horas complejas», y anticipó un aumento de temperaturas en los próximos días. La nueva ola de calor se prevé para este miércoles, lo que elevaría el riesgo de incendios a niveles extremos. La vegetación seca por sucesivas olas de calor desde mayo y la falta de lluvia han actuado como combustible para la rápida propagación del fuego.
En Casavieja, Ávila, varios automóviles quedaron calcinados el lunes y 15 localidades fueron desalojadas. David Sánchez, un pintor y decorador de 48 años que pudo regresar a su domicilio, encontró sus plantaciones destruidas: «A mí se me han quemado muchas olivas y pistachos. Pues ahora a limpiarlo y a volver a plantar y ya está».
En Francia, el incendio en el suroeste adquirió una dimensión inusual. El fuego, que estalló cerca de Saumos el 22 de julio, generó un pirocumulonimbo —una tormenta eléctrica producida por el calor del incendio— alrededor de las 18:20 del viernes, según el servicio departamental de bomberos y rescate. Esa nube desató vientos violentos y erráticos que empujaron las llamas en todas direcciones, y los rayos iniciaron nuevos focos más allá del incendio original. Desde entonces, el fuego ha consumido más de 420 kilómetros cuadrados de bosques y matorrales, ha dañado más de 240 viviendas y ha obligado a evacuar a 220 mil personas en Gironde.
El dato importa más que el ruido. Lo que ocurre en la península ibérica y el suroeste francés no es solo una emergencia climática: es, ante todo, una crisis de gestión del territorio. Décadas de abandono rural, urbanización desordenada en zonas de interfaz forestal y una burocracia de prevención que llega siempre tarde han convertido cada verano cálido en una catástrofe anunciada. Los contribuyentes de ambos países financian aparatos estatales que, en el momento de la verdad, evacúan a cientos de miles de personas y cuentan hectáreas quemadas. La pregunta que ningún gobierno responde con claridad es cuánto de ese daño era evitable con políticas de gestión forestal más rigurosas y menos subordinadas al calendario electoral.
