La Ciudad de México amaneció este 30 de agosto con una agenda de movilizaciones que, otra vez, colocó en el centro del debate público la crisis de desaparición forzada en el país. La Secretaría de Protección Ciudadana (SSC) informó de una marcha de familiares de militares muertos, personas asesinadas y víctimas de desaparición forzada, que partió a las 9:00 horas del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo capitalino.
A las 14:00 horas se sumó el colectivo «Hasta Encontrarles Ni un Desaparecido Más», con la misma ruta y demandas centradas en el esclarecimiento de los casos, el acceso a la verdad y la localización de los seres queridos de los manifestantes. Una hora después, la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México encabezó la decimosexta edición de la Marcha por la Verdad, la Justicia y la Memoria, exigiendo la presentación con vida de las víctimas.
El número de la edición —dieciséis— no es un dato menor: describe año tras año de exigencia ciudadana ante un fenómeno que las instituciones no han logrado contener ni resolver de fondo. Paralelamente, en la Glorieta del Ahuehuete, el colectivo «Glorieta de las y los Desaparecidos» organizó una jornada de doce horas de actividades artísticas y políticas bajo la consigna «Hagámosles visibles», mientras que en Ángela Peralta, junto al Palacio de Bellas Artes, la organización Violencia Feminicida México ofreció una conferencia con el mismo reclamo de verdad y justicia.
La jornada del sábado también incluyó agendas ajenas a la violencia y la desaparición, aunque igualmente reveladoras del pulso social capitalino. La asociación Siembra Cultura realizó una jornada informativa sobre consumo de cannabis y reducción de riesgos en la Plaza de Lectura José Saramago. La organización político-cultural Cleta llevó a cabo un acto en el Foro Abierto Casa del Lago, en Chapultepec, y la colectiva Hijas de la Cannabis exigió espacios seguros para consumidores con perspectiva de género en Plaza Tlaxcoaque. La Plataforma 4:20 desplegó una jornada itinerante de recolección de firmas en tres alcaldías.
Otras convocatorias reflejaron demandas de índole distinta: la Iniciativa Ciudadana «Libertad para Morir» reunió firmas en el Centro Nacional de las Artes y la Cineteca Nacional para respaldar una propuesta de asistencia médica para morir en la capital, y la Brigada Sumud México ofreció una conferencia sobre Palestina en el Teatro del Pueblo. En Cuajimalpa, integrantes de Refugio Franciscano se concentraron para exigir justicia por la desaparición de 39 gatos bajo su resguardo, un episodio menor pero que ilustra la variedad de reclamos que confluyeron el mismo día en la ciudad.
La respuesta oficial ante este cúmulo de movilizaciones se limitó, según lo informado, a la gestión de cierres viales y rutas alternas. No hay en la comunicación de la SSC referencia a compromisos concretos sobre los casos que originan las marchas más numerosas: los de desaparición forzada.
El dato importa más que el ruido de una jornada saturada de consignas. Que colectivos de víctimas deban salir a la calle por decimosexto año consecutivo para exigir lo mismo —verdad, localización, justicia— es la prueba más contundente de que el Estado mexicano no ha resuelto un problema que compete directamente a su función esencial: garantizar seguridad y aplicar la ley sin distinción.
Mientras la autoridad despliega recursos para ordenar el tránsito de manifestantes, la carga de la exigencia sigue recayendo en la sociedad civil organizada, no en fiscalías ni en protocolos de búsqueda con resultados verificables. La historia sugiere cautela ante cualquier lectura optimista sobre el estado de derecho en México: la persistencia de estas marchas, año tras año, es en sí misma un indicador más elocuente que cualquier discurso oficial.
