Más de 100 organizaciones de la diáspora venezolana, con presencia en América Latina, Norteamérica y Europa —entre ellas Alianza por Venezuela, Venezuela Global, PACUHR, VeneActiva y la Asociación Multicultural de Activistas Amavex, que agrupa a otras 95 entidades— exigieron abrir el Registro Electoral en el exterior y ampliar la red consular venezolana como condición para cualquier proceso de diálogo y reinstitucionalización democrática.
El reclamo parte de una cifra que expone la magnitud del problema: cerca de 7,8 millones de venezolanos viven fuera del país, de los cuales casi 5 millones son mayores de edad. Pese a ello, en la elección presidencial de 2024 solo 69.211 electores en el extranjero quedaron habilitados para votar, apenas 1,4% de ese universo adulto.
La cifra se explica, según el documento, por tres causas administrativas concretas. Primero, el Consejo Nacional Electoral interpretó de forma restrictiva el requisito legal de «residencia o cualquier régimen que denote legalidad de permanencia», reduciéndolo a la residencia legal permanente y excluyendo a quienes tienen estatus migratorio temporal. Segundo, el Registro Electoral permaneció cerrado en el exterior entre 2018 y 2024 pese a que la ley lo declara continuo. Tercero, el propio registro exige la cédula de identidad venezolana, un documento que no se expide fuera del país.
Esa cadena de trabas se tradujo en un costo económico directo para el migrante. Las organizaciones calcularon que exigir un pasaporte vigente —unos 300 dólares— sumado a otros requisitos representó un gasto de hasta 700 dólares para un venezolano en Colombia, «convirtiendo el ejercicio del derecho al voto en un privilegio económico inaccesible». En la única jornada de inscripción habilitada, entre marzo y abril de 2024, apenas 6.528 personas lograron registrarse en todo el mundo —0,16% del total— y en Lima, una de las ciudades con mayor población venezolana, solo 66 personas actualizaron sus datos durante todo el período.
El documento añade que en 2024 hubo 106 sedes habilitadas para votar en el exterior, frente a 118 en 2018, y que la exclusión de solicitantes de asilo y de quienes tienen protección temporal en Colombia equivale, según sus cálculos, a negar el voto a poblaciones comparables a las de los estados Bolívar y Carabobo. Reconocen, no obstante, que entre julio y agosto se restablecieron relaciones diplomáticas con Perú, Chile, Panamá, Uruguay, República Dominicana e Israel, y con Estados Unidos desde marzo, aunque advierten que en Washington unos 37.000 venezolanos previamente inscritos fueron excluidos del registro preliminar por la falta de vínculo bilateral, una causal que no figura en la Ley Orgánica de Procesos Electorales.
«La diáspora no puede ser convocada al final de un proceso que también le pertenece. Millones de venezolanos seguimos siendo ciudadanos con derechos constitucionales, y esos derechos deben garantizarse desde el comienzo: identidad, documentación, participación política y condiciones seguras para regresar», expresó la presidenta de Amavex, Helene Villalonga.
Las organizaciones piden que la participación de la diáspora se integre desde la primera fase del cronograma de reinstitucionalización, junto con un canal de consulta permanente con la sociedad civil en el exterior, y plantean incluso evaluar una circunscripción parlamentaria propia para los venezolanos fuera del país.
El dato importa más que el ruido: no se trata de una demanda simbólica, sino de un costo tangible impuesto por decisiones administrativas discrecionales. Cuando el acceso a un derecho político depende de pagar 700 dólares por documentos que el propio Estado se niega a expedir en el exterior, el problema no es solo electoral, es de propiedad sobre la propia identidad legal.
La historia sugiere cautela sobre cualquier proceso de «reinstitucionalización» que no resuelva primero ese círculo vicioso documental. Sin un registro abierto, permanente y sin barreras económicas, la participación de siete millones de personas seguirá siendo una promesa de papel, no un derecho ejercido.
