Ron DeSantis se aproxima al final de su gestión como gobernador de Florida con una hoja de resultados en materia migratoria que su administración exhibe como modelo nacional. A fines de junio, su oficina difundió un comunicado en el que destacó los avances del estado en detención y deportación de migrantes sin estatus regular; semanas después, el 20 de julio, firmó la Orden Ejecutiva 26-145, que extiende por otros 60 días la declaración de emergencia migratoria vigente desde enero de 2023.
El argumento central de la renovación es operativo: según el propio documento ejecutivo, una gran cantidad de inmigrantes indocumentados que ingresaron a Estados Unidos permanecen en Florida mientras continúan los esfuerzos para deportarlos, y esa presencia ejerce presión sobre los recursos estatales y locales. La orden ratifica todas las disposiciones de la declaración original y establece vigencia inmediata.
Los números que acompaña la administración son concretos. Las operaciones de apoyo impulsadas por el estado permitieron concretar cerca de 30.000 deportaciones adicionales, según el comunicado oficial. Además, Florida asegura que más del 40% de todos los arrestos migratorios realizados por agencias estatales y locales en el país corresponden al Estado del Sol, cifra que DeSantis utiliza para sostener que su estrategia se convirtió en referencia de cooperación con el gobierno del presidente Donald Trump.
Entre las acciones concretas, el comunicado destaca la apertura del centro Alligator Alcatraz, que comenzó a recibir detenidos en julio de 2025 tras ser construido y puesto en funcionamiento en apenas ocho días. La administración lo presenta como el primer centro federal de detención respaldado por un estado y creado específicamente para apoyar las operaciones de arresto y deportación del gobierno federal.
Florida también afirma haber sido uno de los primeros estados convocados por el Departamento de Seguridad Nacional para firmar acuerdos de aplicación de leyes migratorias bajo el programa 287(g), y sostiene contar actualmente con más autorizaciones federales de ese programa que cualquier otro estado del país. «Seguiremos con la misión de hacer que nuestras comunidades sean más seguras deportando a los inmigrantes ilegales y garantizando que se cumplan las leyes migratorias de nuestra nación», declaró DeSantis según el comunicado.
Conviene mirar los incentivos. Lo que Florida ha demostrado en estos años es que la cooperación entre el aparato estatal y el gobierno federal, cuando existe voluntad política real, produce resultados medibles: arrestos, deportaciones, infraestructura operativa. El modelo no es retórica; es capacidad instalada. El centro Alligator Alcatraz, levantado en ocho días, y los acuerdos 287(g) son expresiones de una arquitectura institucional que otros estados han evitado construir, ya sea por cálculo electoral o por resistencia ideológica al cumplimiento de la ley.
El dato importa más que el ruido. Que Florida concentre más del 40% de los arrestos migratorios estatales y locales del país no es un accidente administrativo: es el resultado de decisiones sostenidas durante años, aceleradas bajo la coordinación con la administración Trump. DeSantis deja la gobernación con una política que sus sucesores difícilmente podrán ignorar, y con un argumento de peso para cualquier debate nacional sobre seguridad, estado de derecho y gestión eficiente de los recursos del contribuyente.
