Exalumnos, madres de familia y activistas marcharon este fin de semana por las calles de Ciudad Madero, Tamaulipas, para exigir justicia en el caso de Dafne Zapata Quintos, una adolescente de 13 años originaria de Ciudad Mante que falleció en circunstancias que sus familiares y testigos califican de sospechosas.
Dafne ingresó el lunes 13 de julio al curso de verano de la Academia Militarizada de Marina Doenitz, institución particular ubicada en Ciudad Madero. El jueves 16 de julio, su madre, Alejandra Quintos, recibió una llamada de una coordinadora identificada como «Estrellita» informándole que su hija se había desvanecido mientras se bañaba. Poco después, una segunda llamada confirmó su muerte.
Entre ambos episodios, la madre recibió un video en el que Dafne aparecía acostada y decía estar bien, pero en el que —según los testimonios— se le observaban golpes en la boca y el rostro. Ese detalle es el núcleo del reclamo: las cartulinas que portaban los manifestantes resumían la postura de los asistentes con frases como «Dafne no murió, a ella la mataron» y «Somos la voz de Dafne».
Los testimonios reunidos en la marcha apuntan a presuntos excesos dentro del centro de instrucción. Una madre que inscribió a su hija en el mismo curso relató que, según le contó la joven, en la academia «hacían que se agarraran coraje» y que «por una u otra cosa los podían arrestar». Identificó a los encargados del cuidado de los alumnos como el sargento Jesús Mora y la sargento América Mora, descritos como hermanos e hijos del comandante Mora. Esa madre también detalló los costos: 10 mil pesos por el curso de verano de tres semanas, y —para el nivel preparatoria— 10 mil pesos de inscripción más 5 mil pesos mensuales.
Una exalumna identificada como Esperanza expresó perplejidad ante la inacción institucional: «Para el tiempo que ya tiene el caso, ya debería haber algún detenido; ya existen testimonios y no entendemos por qué no hay avances». Añadió que «mientras más tiempo pase es más probable que quienes resulten responsables puedan escapar».
El secretario general del Gobierno del Estado, Héctor Joel Villegas González, respondió a los cuestionamientos con una declaración genérica: «No hay impunidad para nadie. La Fiscalía General de Justicia es la autoridad competente y será la que determine, con base en las investigaciones y las pruebas, qué ocurrió y quiénes pudieran tener alguna responsabilidad». Sobre la operatividad de la academia, añadió que «cada autoridad revisará lo que esté dentro de sus atribuciones».
La marcha concluyó de forma pacífica frente a la Presidencia Municipal de Madero. Por la tarde, la activista Aydé Contreras convocó a una segunda protesta en el punto conocido como «El Barquito», en el municipio de Altamira.
Conviene mirar los incentivos. Una institución privada que cobra cuotas considerables por custodiar menores de edad tiene una obligación de diligencia proporcional a la confianza que las familias depositan —y al dinero que pagan. Cuando esa confianza se rompe con la muerte de una niña de 13 años y la respuesta del aparato estatal se reduce a comunicados de espera, el daño no es solo para una familia: es para la credibilidad de toda la cadena de supervisión pública sobre centros educativos privados en Tamaulipas.
El dato importa más que el ruido. La Fiscalía tiene testimonios, tiene un video y tiene un expediente. Lo que no tiene —aún— es un detenido. Cada día que pasa sin resultado verificable no es neutralidad institucional: es un costo que pagan quienes menos pueden permitírselo.
