A las 10.25 del 2 de agosto de 1980, una bomba fabricada con una mezcla de TNT y T4 —explosivo de uso militar— detonó en la sala de espera de la estación central de trenes de Bolonia. Era sábado por la mañana. La terminal estaba colmada de familias y turistas que aguardaban trenes hacia sus destinos de verano.
La explosión destruyó casi todo el edificio de la terminal e impactó un tren que realizaba el recorrido entre Ancona y Chiasso. El estruendo se escuchó a varios kilómetros. La onda expansiva hizo estallar los vidrios en un radio de varias cuadras. Las ambulancias no daban abasto: se recurrió a micros, taxis y automóviles particulares para trasladar a los heridos. El saldo final fue de 85 muertos y alrededor de 200 heridos, muchos de ellos gravemente mutilados. Fue el peor atentado terrorista en Italia desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
El periodista Marco Marozzi, de La Repubblica, fue uno de los primeros cronistas en llegar al lugar. «Un fuego amarillo, naranja, negro. Un hongo de humo. El polvo que se mezclará durante horas con el calor. La oscuridad, el infierno. Nos hundimos los hombres, los objetos, los vivos, los muertos».
Lo que vino después no fue menos perturbador que la propia masacre. El gobierno del democristiano Francesco Cossiga y la policía atribuyeron inicialmente la explosión al estallido de una caldera; luego señalaron a las Brigadas Rojas. Ninguna de las dos versiones era cierta. Según quedó documentado posteriormente, los servicios secretos del Estado italiano sembraron pistas falsas para entorpecer la investigación.
El atentado se inscribía en lo que se denominó la «estrategia de la tensión»: una serie de masacres sin autoría reivindicada, perpetradas en el marco de los llamados «años de plomo», el periodo que va desde finales de los años 60 hasta el final de la Guerra Fría. Italia vivía entonces un enfrentamiento entre extrema izquierda y extrema derecha cuyo telón de fondo era la pugna entre la Democracia Cristiana —en el poder desde el fin de la Segunda Guerra Mundial— y el Partido Comunista de Italia, que en las elecciones de junio de 1976 había obtenido el 34% de los votos frente al 38% de los conservadores.
Bolonia no era un blanco aleatorio. Gobernada por los comunistas, era considerada la «capital roja» de Italia, un símbolo político de primer orden para cualquier atentado de signo ultraderechista. Su estación era, además, el principal nudo ferroviario nacional.
Lo que se sabe con certeza es que el atentado fue obra de un grupo de extrema derecha. Algunos investigadores señalan a los Núcleos Armados Revolucionarios (NAR); otros apuntan a Gladio, organización secreta creada en el seno del Estado italiano con supuestas vinculaciones con la OTAN. La posibilidad de que los primeros hayan sido instrumentalizados por los segundos no ha sido descartada. Sobre todo ello planea, además, la sombra de la Logia P2 y de su jefe, Licio Gelli. La detención de algunos de los autores materiales el 15 de febrero de 1981 no despejó las dudas; por el contrario, multiplicó las sospechas.
Conviene mirar los incentivos. La Masacre de Bolonia no es solo un episodio de violencia política: es el retrato de un Estado que, en lugar de proteger a sus ciudadanos, utilizó el aparato de inteligencia para cubrir a los responsables de asesinarlos. Ochenta y cinco personas murieron en una sala de espera un sábado de verano; la burocracia de seguridad respondió con obstrucción sistemática. El dato importa más que el ruido: cuando las instituciones se ponen al servicio de la impunidad, el precio lo pagan siempre los ciudadanos de a pie. Cuarenta y seis años después, la pregunta sobre quién ordenó la masacre sigue sin una respuesta judicial completamente satisfactoria. Esa es, quizás, la herida más profunda que dejó aquel 2 de agosto.
