Ceuta lleva una semana al límite. La llegada repentina de entre 70.000 y 80.000 migrantes —cifras del presidente ceutí Juan Jesús Vivas y del Ministerio del Interior, respectivamente— a una ciudad de 84.000 habitantes en apenas un par de días ha colapsado sus recursos de acogida. El resultado más visible: cerca de 1.100 menores no acompañados en el territorio, una cifra que supera con creces la capacidad local y que ha obligado a habilitar dos colegios como centros de emergencia. Unos 100 niños pasaron ya su primera noche en uno de ellos.
El Gobierno central activó el mecanismo de redistribución de menores contemplado en la reforma de la Ley de Extranjería aprobada el verano pasado. La norma establece la obligación de repartir a los menores cuando territorios como Canarias, Ceuta o Melilla triplican su capacidad de acogida. El Ministerio de Juventud fijó un plazo máximo de 15 días para reubicar a los menores en la península, aunque aclaró que por ahora solo se traslada a quienes ya estaban en Ceuta antes del último episodio migratorio. La complejidad aumentó tras la identificación policial de más de quinientos menores recién llegados.
La respuesta de los ejecutivos autonómicos ha oscilado entre el rechazo frontal y la obediencia reticente. En Extremadura, el vicepresidente Óscar Fernández (Vox) anunció que combatirán el reparto «por tierra, mar y aire» con «todos los medios políticos, administrativos y jurídicos». En Andalucía, el vicepresidente segundo Manuel Gavira (Vox) calificó la situación de «invasión» y defendió que los llegados «deben regresar a Marruecos, incluidos los menores junto a sus familias». La Comunitat Valenciana informó de una sobreocupación del 160% en sus centros y exigió financiación más allá de los tres meses que cubre el Estado.
Dentro del Partido Popular, la fractura es visible. El vicesecretario de Política Autonómica, Elías Bendodo, fue taxativo desde Málaga: «El Partido Popular siempre, siempre cumple la ley, en esta ocasión, también», aunque añadió que «es un problema que tiene que arreglar el Gobierno porque lo ha generado directa o indirectamente». Aragón matizó que cumplirá la ley si el reparto acaba siendo obligatorio, mientras recurrirá cualquier decisión que considere contraria al ordenamiento jurídico.
La voz más directa llegó desde Melilla. Su presidente, Juan José Imbroda (PP), pidió a sus propios compañeros de partido «un gesto de solidaridad»: «Entiendo a mis compañeros del PP, pero ahora mismo hay que hacer ese gesto de solidaridad y hay un real decreto que cumplir, te guste o no». Imbroda reconoció que en Melilla la llegada de 140 menores duplicó la cifra habitual, pero señaló que Ceuta «están mucho peor. Lo están pasando muy mal». Desde Murcia, también gobernada por el PP, la consejera portavoz Marisa López Aragón respondió que «la solidaridad no puede confundirse con obligar a las comunidades autónomas a asumir nuevas responsabilidades sin proporcionarles los medios económicos necesarios».
Conviene mirar los incentivos. La crisis de Ceuta expone una tensión estructural que ningún gobierno español ha resuelto: la distancia entre la política migratoria que se diseña en Madrid y los costos reales que asumen los territorios fronterizos y las comunidades receptoras. Que sea el propio PP quien pida solidaridad al PP —mientras Vox, su socio en varios ejecutivos autonómicos, habla de «invasión»— ilustra hasta qué punto el aparato estatal ha trasladado la carga a las autonomías sin dotarlas de recursos proporcionales. El dato importa más que el ruido: 1.100 menores en una ciudad de 84.000 habitantes no es un problema de voluntad política; es un problema de capacidad, financiación y, ante todo, de una política de origen que no ha funcionado.
