La afluencia sin precedentes de migrantes que cruzaron desde Marruecos hacia el enclave español de Ceuta el jueves y el viernes pasados desató una tormenta política dentro de la Unión Europea que no se disipará fácilmente. España convocó para este martes 4 de agosto una reunión por videoconferencia de los ministros del Interior del bloque, después de que Italia, seguida por Dinamarca, reclamara de inmediato la suspensión de Madrid del espacio Schengen.
El pedido irritó al Gobierno español. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, envió una carta al presidente Pedro Sánchez —a la que tuvo acceso AFP— en la que escribió: «A partir de este incidente, queda claro que debemos hacer más para reforzar nuestras fronteras en los puntos críticos». Von der Leyen subrayó que «la protección de todas nuestras fronteras exteriores es una responsabilidad europea compartida».
Las cifras del episodio son, por sí solas, reveladoras. España señala que «casi todas» las cerca de 60.000 personas que cruzaron la frontera de manera irregular —en su mayoría jóvenes marroquíes— ya fueron devueltas a Marruecos gracias a la cooperación con Rabat. En cuanto a las víctimas mortales, las versiones divergen: Madrid contabiliza al menos 72 fallecidos durante los intentos de cruce; Marruecos cifra en 11 los muertos, y la Asociación Marroquí de Derechos Humanos habla de «cerca de 130 víctimas» y de decenas de desaparecidos.
Camille Le Coz, directora del Migration Policy Institute Europe, calificó los hechos de «sin precedentes»: «Es la primera vez que llega tanta gente al mismo tiempo y en un lapso tan corto», señaló en declaraciones a France 24. Le Coz advirtió que las imágenes fueron utilizadas políticamente «sobre todo por partidos de derecha y de extrema derecha de toda Europa para mostrar que Europa estaba bajo ataque». Al mismo tiempo, reconoció la rapidez de la respuesta española y el papel de la cooperación con Marruecos en el retorno masivo de migrantes.
Sobre el reclamo de suspender a España del espacio Schengen, Le Coz fue directa: «Es puro teatro político», porque, según precisó, nadie pasó de Ceuta a la España peninsular. La experta describió a Madrid como «bastante aislado en la escena europea» en este momento.
El trasfondo normativo agrega complejidad al debate. En los últimos meses, Bruselas ha endurecido su legislación migratoria mediante el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, que —entre otras medidas— permite a los Estados miembros enviar a solicitantes de asilo rechazados a «centros de retorno» situados fuera de las fronteras comunitarias. Algunos socios de España presionarán en la reunión del martes para avanzar aún más en esa dirección; Madrid, en cambio, defenderá el modelo de asociación con terceros países que, según sus propias cifras, ya produjo resultados concretos esta semana.
Conviene mirar los incentivos. La crisis de Ceuta ilustra una tensión estructural del proyecto europeo: los costos de la migración irregular se concentran en los países de primera entrada, mientras que los beneficios políticos de la denuncia se distribuyen libremente entre capitales que no comparten esa frontera. Ese desequilibrio de incentivos —no la falta de legislación, que ya existe y se endurece— es el verdadero obstáculo para una política migratoria común. El dato importa más que el ruido: 60.000 personas cruzaron en días; la mayoría fue devuelta en horas. Lo que la reunión del martes debe responder no es quién tiene razón en el debate político, sino qué arquitectura institucional impide que el siguiente episodio sea aún mayor.
