Miles de migrantes irregulares cruzaron la frontera de Marruecos con Ceuta —una de las dos únicas fronteras terrestres de la Unión Europea en África— ante la pasividad de las fuerzas de seguridad marroquíes. La oleada, iniciada el jueves pasado, desató la alarma en el bloque y forzó la convocatoria de una videoconferencia de emergencia entre ministros del Interior para este martes.
La fractura fue inmediata. Veintidós Estados miembros, encabezados por Italia, Dinamarca, Alemania y Hungría, enviaron una carta conjunta para reclamar el encuentro virtual y defender la imposición de una política migratoria más restrictiva. En el otro extremo, el gobierno de Pedro Sánchez remitió su propia carta a las instituciones europeas, en la que el presidente español calificó de «egoísta» la actitud de esos países y solicitó la reunión de urgencia.
Italia y Dinamarca fueron más lejos: advirtieron que una «inmigración descontrolada» constituye «una amenaza para Europa» y reclamaron la exclusión de España del espacio Schengen. La petición fue calificada de jurídicamente imposible conforme al derecho europeo y rechazada de plano por Madrid. Francia, por su parte, se desmarcó de la carta de los 22 al considerar que suponía una instrumentalización de la crisis, y señaló que la inmensa mayoría de quienes habían cruzado ya habían sido devueltos a Marruecos.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró la convocatoria y pidió alcanzar una «respuesta europea común» para «reforzar las fronteras». Entre las alternativas que mencionó figuran una mayor vigilancia y, cuando resulte necesario, la instalación de barreras físicas. «Lo ocurrido demuestra claramente la necesidad de fortalecer las fronteras en los puntos más sensibles», escribió Von der Leyen en una carta dirigida a Sánchez, añadiendo que el encuentro permitirá «extraer lecciones» de lo sucedido.
El episodio se produce después de que la UE endureciera durante los últimos meses sus normas migratorias y autorizara a los Estados miembros a enviar a solicitantes de asilo rechazados a centros ubicados fuera de las fronteras del bloque. La migración es, desde la crisis de 2015–2016 —cuando más de un millón de refugiados e inmigrantes llegaron a Europa, muchos huyendo de la guerra en Siria—, uno de los asuntos políticamente más volátiles del continente. Aquella afluencia avivó el apoyo a partidos antiinmigración en todo el bloque e intensificó años de disputas sobre controles fronterizos, normas de asilo y reparto de cargas.
Conviene mirar los incentivos. La reunión de urgencia no es solo un ejercicio de gestión de crisis: es el síntoma de una tensión estructural que ningún acuerdo de reparto de cargas ha resuelto en una década. Que 22 gobiernos —mayoría suficiente para bloquear cualquier política común— reclamen simultáneamente más restricciones revela que el centro de gravedad político en Europa se ha desplazado con claridad hacia el control de fronteras y la soberanía nacional. El dato importa más que el ruido: la Comisión, con Von der Leyen al frente, ya no habla de «solidaridad» sino de «barreras físicas». El gobierno de Sánchez, en cambio, queda aislado en su posición aperturista, sostenida más por cálculo electoral doméstico que por respaldo europeo. La historia sugiere cautela: las crisis migratorias que no se gestionan con firmeza tienden a producir costos políticos que las instituciones no anticiparon y que los ciudadanos terminan pagando.
