Desde hace más de un mes, colas de automóviles y camiones esperan su ración de 40 litros de combustible en las pocas estaciones de servicio que permanecen operativas en Rusia. La imagen, según relatan ciudadanos rusos citados por Radio Free Europe/Radio Liberty, evoca sin disimulo a la Unión Soviética.
La causa directa es la campaña ucraniana de ataques con drones de largo alcance, activa desde hace casi dos meses. La Agencia Internacional de Energía señaló que prácticamente todas las refinerías importantes del oeste de Rusia han sido alcanzadas, muchas de ellas en múltiples ocasiones. Los expertos estiman que entre el 20% y el 40% de la capacidad total de refinación del país ha quedado fuera de servicio.
Prohibiciones en cascada
La respuesta del gobierno ha sido administrativa: extender las prohibiciones a la exportación de diésel y gasolina hasta el 31 de enero de 2027, según comunicado oficial. Moscú había introducido inicialmente la prohibición del diésel entre el 8 y el 31 de julio como parte de un paquete de medidas para sostener el mercado interno. A ese veto se sumaron restricciones a las exportaciones de gasolina y combustible para aviones. El jueves, el gobierno anunció también la prohibición temporal de exportar combustible marino y gasóleo. A partir del 1 de septiembre, los productores quedarán exentos de las restricciones sobre diésel, combustible marino y gasóleos; algunas exportaciones continuarán bajo acuerdos intergubernamentales o como ayuda humanitaria.
El presidente Vladimir Putin reconoció a finales de junio que los ataques con drones «están creando problemas», aunque afirmó que «no tienen ningún impacto en la situación» y que los rusos «se adaptarían y perseverarían».
Un país bajo racionamiento
La realidad en las regiones contradice esa lectura oficial. Prácticamente todas las regiones del país, incluida la remota Kamchatka en el Pacífico, han sentido los efectos. Algunas han impuesto límites diarios al repostaje; otras han prohibido el llenado de bidones para frenar el acaparamiento; otras han instaurado sistemas de cupones similares a los que usaron las autoridades soviéticas ante la escasez de alimentos.
En Novgorod, región al sur de San Petersburgo, ciudadanos han publicado quejas en la red social VK dirigidas al gobernador regional. Una mujer identificada como Irina Tryaskina describió la situación de los pueblos sin supermercado ni farmacia, que dependen de un viaje semanal a una gasolinera a 30 kilómetros. Aleksandr Vasilyev preguntó cómo se supone que debe llenar el tanque de su tractor en medio del campo: «Si no puedo repostar, entonces yo —o, mejor dicho, mis vacas— no tendremos comida para el invierno».
Radio Free Europe/Radio Liberty advierte que estas quejas no equivalen a oposición organizada ni a un rechazo moral de la invasión. Algunos de quienes se quejaban seguían culpando a Ucrania u Occidente de haber iniciado el conflicto. El Centro Levada, organización independiente, registró en abril que el 62% de los encuestados apoyaba negociaciones de paz y solo el 27% deseaba continuar los combates, aunque la propia organización advirtió que las encuestas en un país autoritario —donde criticar la guerra acarrea consecuencias legales— deben interpretarse con cautela.
Más allá del combustible, Ucrania ha intensificado ataques contra almacenes de Wildberries, el mayor minorista en línea de Rusia, afectando a miles de pequeñas y medianas empresas, y ha atacado rutas de suministro de combustible e instalaciones de generación de energía en Crimea.
La lógica de los incentivos
Conviene mirar los incentivos. Una economía de guerra que racionó el diésel en julio y extiende la prohibición de exportaciones hasta 2027 no está gestionando una incomodidad pasajera: está administrando una escasez estructural. El aparato estatal puede suprimir precios y fijar cupos, pero no puede refinar el petróleo que sus plantas dañadas ya no procesan.
El dato importa más que el ruido. Cada cupón de combustible emitido, cada cola frente a una gasolinera, cada queja de un agricultor sin gasolina para su tractor es un costo real que el Kremlin traslada a su propia población civil. La historia sugiere cautela respecto a cuánto tiempo puede sostenerse esa transferencia antes de que los equilibrios internos se vuelvan más difíciles de gestionar.
