Las autoridades costarricenses ejecutaron la deportación de un ciudadano palestino originario de Cisjordania, identificado con los apellidos Abuawad Abuadeh, quien permanecía detenido desde el 22 de junio tras ser señalado por la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) como presunto vinculado al grupo terrorista Hamás.
El operativo fue coordinado entre la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), la DIS y el Ministerio Público. La deportación se concretó después de que la Sala Constitucional rechazara, el 2 de julio, un recurso de hábeas corpus presentado a favor del extranjero, decisión que habilitó la continuación del procedimiento administrativo migratorio.
Según el director general de Migración, Omer Badilla, el hombre ingresó a Costa Rica en mayo de este año bajo categoría de turismo y, al momento de su admisión, no registraba alertas internacionales. «Él entra a Costa Rica con una categoría de turismo, no es como un residente permanente, no es un inversionista, no es un estudiante. Entonces, a partir de ahí es donde se encienden las alertas», explicó Badilla. Las investigaciones preliminares indican que el ciudadano mantenía algún tipo de relación con establecimientos comerciales tipo outlet en distintos puntos del país, aunque las autoridades aún no han determinado si era propietario de esos negocios ni cuál era exactamente su participación.
La Fiscalía había señalado, con base en informes de inteligencia, que el extranjero era considerado una persona de alta peligrosidad y que existían indicios de presunta vinculación con una organización terrorista internacional.
Paralelamente, el caso derivó en una investigación penal contra una funcionaria de la DGME identificada con el apellido Barquero. Según la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), la funcionaria habría facilitado y simulado el ingreso formal al país del ciudadano palestino cuando este se encontraba presuntamente en condición migratoria irregular. Los cargos preliminares que se le atribuyen son influencia contra la Hacienda Pública, cohecho propio y sabotaje informático, aunque el proceso continúa en etapa de investigación y no existe resolución judicial definitiva sobre su responsabilidad.
El Juzgado Penal impuso medidas cautelares: la funcionaria deberá firmar una vez al mes ante las autoridades judiciales, tiene impedimento de salida del país, no podrá acercarse al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y permanecerá suspendida de su cargo durante un período de 10 meses. Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar si existen otras personas involucradas en las presuntas irregularidades.
El caso ilustra una doble vulnerabilidad que los Estados de la región no pueden ignorar. Por un lado, la porosidad de los controles migratorios frente a actores que ingresan como turistas sin alertas previas en los registros internacionales; por otro, la corrupción dentro del propio aparato estatal encargado de cerrar esas brechas. Cuando un funcionario público presuntamente convierte su acceso al sistema en un servicio a terceros, el daño no se mide solo en términos jurídicos: erosiona la confianza en las instituciones que los contribuyentes financian y que existen, precisamente, para protegerlos.
Conviene mirar los incentivos. La respuesta institucional costarricense —coordinación de inteligencia, revisión constitucional y apertura de un proceso penal contra la funcionaria— apunta en la dirección correcta. El dato importa más que el ruido: la solidez del Estado de derecho se prueba no cuando los controles funcionan sin fricciones, sino cuando el sistema es capaz de detectar y procesar sus propias fallas.
