La Corte Suprema de Casación de Italia, reunida en Sezioni Unite, emitió la sentencia Nº 24.045/2026 con el propósito explícito de unificar la interpretación de los tribunales italianos en materia de ciudadanía por descendencia. El pronunciamiento pone fin a una controversia conocida como el «caso del menor»: la situación en que el ancestro italiano había adquirido otra ciudadanía mientras su hijo todavía era menor de edad, circunstancia que en años recientes llevó a rechazar numerosos expedientes que en décadas anteriores habrían sido aprobados.
El fallo establece un principio de alcance jurídico amplio: «Toda persona tiene un derecho permanente e imprescriptible al estado de ciudadano». La Corte añade que la pérdida de esa ciudadanía solo puede producirse mediante una manifestación expresa y voluntaria de su titular, descartando que una renuncia pueda interpretarse de forma automática o implícita a partir de decisiones adoptadas por los padres.
Según Mariel Bartolomeo, representante legal de De.Martin & Asociados International Law Firm, la sentencia «representa uno de los pronunciamientos más importantes de los últimos años en materia de ciudadanía italiana por descendencia porque vuelve a poner el foco en un principio esencial: la ciudadanía adquirida desde el nacimiento constituye un derecho propio de la persona y no desaparece automáticamente por decisiones adoptadas por sus padres». La especialista recuerda que la propia Corte reconoce en sus fundamentos que durante más de un siglo el Estado italiano reconoció la ciudadanía en este tipo de situaciones, y que interpretaciones más recientes habían generado incertidumbre y resultados contradictorios incluso dentro de un mismo grupo familiar.
El impacto práctico se proyecta con especial intensidad sobre países con fuerte inmigración italiana: Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela y México, donde existen generaciones completas de descendientes que podrían verse alcanzadas por la nueva interpretación. Bartolomeo advierte, sin embargo, que la sentencia no implica que todas las personas se encuentren automáticamente en condiciones de obtener el reconocimiento. «Cada historia familiar tiene particularidades propias. Por eso resulta indispensable realizar un análisis integral de cada caso antes de determinar cuál es el camino jurídico más adecuado», señala.
Dos frentes permanecen abiertos. Por un lado, aún resta conocer cómo será implementado el nuevo criterio en el ámbito administrativo por los consulados y los comunes italianos. Por otro, la Ley Nº 74/2025 —que restringió la posibilidad de heredar la ciudadanía a hijos y nietos— continúa su propio recorrido judicial ante la Justicia europea, de modo que el panorama regulatorio no está del todo cerrado.
Conviene mirar los incentivos. Una interpretación estable y previsible del derecho de ciudadanía no solo beneficia a los particulares: reduce la litigiosidad, abarata los costos del proceso para las familias y libera recursos consulares que hoy se consumen en expedientes contradictorios. La seguridad jurídica es, en este caso, también eficiencia institucional.
El dato importa más que el ruido. Durante años, familias con exactamente los mismos documentos y el mismo antepasado obtuvieron respuestas opuestas de los tribunales italianos. Que las Sezioni Unite hayan intervenido para fijar un criterio vinculante es, ante todo, una victoria del principio de igualdad ante la ley —uno de los pilares sobre los que descansa cualquier orden institucional sólido. La implementación concreta, tanto en los consulados como en los comunes, dirá si el fallo se traduce en resultados o queda como referencia de papel.
