La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia eligió a cinco nuevos magistrados para integrar la Sala Especial de Instrucción, la instancia encargada de investigar a los congresistas por posibles actos de corrupción.
Las personas seleccionadas son Andrea Nataly Bermúdez Sánchez, Patricia del Socorro Hernández Zambrano, Javier Fernando Fonseca Alvarado, Susana Quiroz Hernández y Adriana Cecilia Alarcón Gallego. Con la decisión, la corporación cubrió las cinco vacantes que quedaban en esa dependencia.
La elección se produjo después de un proceso que comenzó con 450 aspirantes: 190 mujeres y 260 hombres. Según la Corte Suprema, la medida busca garantizar la continuidad y el funcionamiento regular de la Sala Especial de Instrucción.
La sala que releva a los nuevos magistrados termina su periodo el 8 de octubre. Antes de la votación final, los magistrados de la Sala Penal revisaron hojas de vida, hicieron audiencias públicas y entrevistas, y llegaron a la Sala Plena con los candidatos preseleccionados.
SEMANA conoció que los integrantes de la Sala Penal se reunieron un día antes de la Sala Plena para definir quiénes serían los favoritos para ocupar las vacantes. Esa depuración previa dejó a los elegidos con una cualidad considerada central: la capacidad de trabajar en equipo.
Ese énfasis no es menor. La prioridad surgió tras las tensiones registradas entre varios magistrados de la actual Sala de Instrucción por diferencias jurídicas, problemas de convivencia y hasta «ataques reiterados», como lo denunció la magistrada Cristina Lombana.
Conviene mirar los incentivos. Cuando un órgano judicial que investiga a congresistas arrastra fricciones internas, el costo no es abstracto: es institucional y recae sobre la confianza pública en el Estado de derecho. La continuidad importa, pero también importa la calidad del relevo.
En una coyuntura donde la justicia debe actuar con independencia, el dato relevante no es solo que se hayan llenado cinco vacantes, sino que la Corte haya buscado blindar el funcionamiento regular de una sala sensible. Para el ciudadano, lo esencial es que la investigación sobre posibles actos de corrupción no quede atrapada en la burocracia ni en disputas internas.
La historia sugiere cautela. Si la Sala Especial de Instrucción debe investigar a quienes hacen las leyes, su autoridad depende menos del ruido y más de su capacidad para sostener reglas claras, disciplina interna y decisiones oportunas. Eso beneficia a las instituciones; lo contrario solo debilita el orden judicial.
