El senador independiente Matías Walker elevó el tono esta semana tras conocerse que el gobierno descartó incluir fondos para la reconstrucción de la región de Coquimbo en la denominada megarreforma. «No puede haber ley de reconstrucción sin garantizar los recursos para la reconstrucción de nuestra región de Coquimbo y la provincia del Huasco», advirtió el legislador.
La cifra que Walker y los alcaldes de la zona han puesto sobre la mesa asciende a 700 millones de dólares, monto que coincide, según el propio senador, con estimaciones del ministro de Obras Públicas. La demanda no es solo parlamentaria: todos los senadores de la zona, junto a representantes municipales, han respaldado la exigencia y apuntan a los daños provocados por el último temporal como justificación urgente.
La vía que proponen es un «veto aditivo», mecanismo que permitiría incorporar los recursos al proyecto ya en curso. Walker confirmó que sostendrán una nueva reunión con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para presionar por esa garantía. «Tiene que garantizarse ese recurso, no a nosotros los parlamentarios, a los habitantes de la región, para restaurar la conectividad como acá en la Caleta de Peñuelas», subrayó.
Del lado del Ejecutivo, Claudio Alvarado —quien ocupa funciones en el Ministerio del Interior y en la Secretaría General de Gobierno— fue categórico al cerrar esa puerta: «No existe ninguna opción, ninguna posibilidad en el proyecto de reconstrucción para colocar alguna iniciativa específica», argumentando que el debate legislativo está prácticamente concluido.
El choque entre ambas posiciones deja al proyecto en un punto de tensión difícil de resolver por la vía del diálogo ordinario. Si el gobierno no cede, los parlamentarios de Coquimbo tendrán que decidir si llevan su amenaza hasta las últimas consecuencias o negocian compromisos extrapresupuestarios de menor certeza jurídica.
Conviene mirar los incentivos. Para el Ejecutivo, abrir la megarreforma a partidas regionales específicas crea un precedente que podría multiplicar las demandas de otras zonas afectadas por emergencias, complicando el equilibrio fiscal del proyecto. Para los representantes de Coquimbo, aceptar promesas sin respaldo legal equivale a regresar a sus comunidades con las manos vacías.
El dato importa más que el ruido: 700 millones de dólares destinados a infraestructura y conectividad son, en principio, gasto con retorno económico medible, no transferencias sin contrapartida. La discusión de fondo no es si reconstruir, sino quién garantiza los recursos y con qué mecanismo. Mientras esa pregunta quede sin respuesta, la ley de reconstrucción carga con una hipoteca política que el gobierno parece subestimar.
