La Contraloría General de la República levantó el aplazamiento temporal y la suspensión del Concurso Abierto de Méritos CGR 2024-2026 a partir del 7 de octubre de 2026. La decisión se produjo en cumplimiento de fallos emitidos el 2 de octubre por el Juzgado de Familia del Circuito de Mocoa, Putumayo, y el 6 de octubre por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cúcuta.
La entidad estableció además un procedimiento específico para identificar a los concursantes afectados por el terremoto registrado el 10 de agosto. Quienes busquen acogerse a esas medidas deberán remitir entre el 8 y el 20 de octubre la acreditación expedida por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres o por la entidad territorial que haga sus veces. La documentación deberá enviarse al correo concursocgr2024@contraloria.gov.co.
El objetivo de ese filtro es caracterizar a los participantes afectados y definir cuáles requieren medidas dentro de la continuidad del proceso de selección. Para ese fin, la Contraloría ordenó a la Universidad de Antioquia, operador técnico y logístico del concurso, entregar el listado completo de los aspirantes inscritos, con nombre, identificación, convocatoria, número de registro, ciudad de domicilio registrada al momento de la inscripción y correo electrónico.
La entidad también publicó un calendario de transición. Entre el 8 y el 20 de octubre, la Dirección de Carrera Administrativa realizará la caracterización de la población afectada. Luego, entre el 21 y el 23 de octubre, esa dirección y la Universidad de Antioquia deberán realizar una mesa técnica para ajustar el cronograma y definir las modificaciones necesarias. Entre el 26 y el 28 de octubre se prevé convocar al Consejo Superior de Carrera Administrativa para aprobar el nuevo calendario, que deberá publicarse el 30 de octubre.
El concurso había sido suspendido el 17 de septiembre de 2026, después de las dificultades generadas por el terremoto. En ese momento, la Contraloría había dicho que el proceso permanecería interrumpido hasta el 31 de diciembre y que la reanudación comenzaría el 1 de enero de 2027. Sin embargo, un juez de familia de Mocoa dejó sin efectos esa suspensión y ordenó reactivar el concurso en 48 horas.
El juez Mario Alberto Delgado señaló que, aunque existía un riesgo relacionado con los aspirantes afectados por la emergencia, no se había acreditado de manera individual qué participantes estaban afectados ni cuáles etapas pendientes requerían necesariamente su intervención. La decisión se produjo tras una acción de tutela presentada por Andrés Alberto Rocha Guevara contra la Contraloría, el contralor general y el Consejo Superior de Carrera Administrativa.
El proceso busca proveer 3.144 cargos de carrera administrativa. Los aspirantes ya habían presentado las pruebas escritas cuando se produjo la interrupción y la Contraloría se encontraba en la etapa de análisis de antecedentes, destinada a asignar puntajes y consolidar resultados para las vacantes ofertadas. La Universidad de Antioquia había señalado que las actividades pendientes podían continuar porque eran, sobre todo, actuaciones documentales, internas y regladas. También calculó costos adicionales de $747.943.228 si la suspensión se extendía durante aproximadamente 2,8 meses.
Conviene mirar los incentivos. Cuando un concurso público se detiene y luego se reanuda por orden judicial, la pregunta de fondo no es solo administrativa: es cuánto cuesta a los contribuyentes sostener la parálisis y cuánto poder real conserva la burocracia para extenderla.
La Contraloría afirma que quiere proteger derechos y garantizar mérito, igualdad y transparencia. Bien. Pero el episodio deja una lección incómoda para el aparato estatal: sin reglas claras, verificación individual y calendarios cumplibles, el proceso termina atrapado entre litigios, suspensiones y costos adicionales. En ese terreno, el que paga siempre es el ciudadano que financia la máquina pública y espera que funcione.
