El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, y el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, han expresado condolencias por la muerte de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante de la Universidad de Granada, asesinada a puñaladas en el municipio de Cuautla, México.
La joven realizaba una estancia de movilidad académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Moreno dijo sentirse «sobrecogido con esta terrible noticia» y trasladó su «cariño a la familia de la joven universitaria asesinada». También afirmó que el Gobierno andaluz está «a su disposición para prestar todo el apoyo y la asistencia necesaria».
La Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía informó igualmente de que ha ofrecido «todo el apoyo y asistencia necesarios» a la familia. Fernández, por su parte, expresó su «sincero pésame» y dijo que están «muy pendientes de la investigación y en contacto con el organismo consular para conocer lo ocurrido».
Montero escribió que «no existen palabras para expresar el dolor y la conmoción» que siente tras conocer el asesinato de la estudiante de Erasmus de la UGR. Añadió su «más sincero pésame» a la familia, a sus amigos y a la comunidad universitaria. También subrayó que Claudia «tenía 21 años y estaba viviendo una experiencia que debía ser de aprendizaje, libertad y futuro».
La dirigente socialista remató su mensaje con una idea que excede el duelo privado: «la violencia contra las mujeres no conoce fronteras». Es una observación que, sin embargo, devuelve la atención a una verdad incómoda: la protección efectiva sigue dependiendo de instituciones capaces de actuar a tiempo, coordinarse y responder con rapidez cuando una ciudadana queda expuesta lejos de casa.
Conviene mirar los incentivos. Cuando una tragedia de esta magnitud golpea a una familia, a una universidad y a dos administraciones a la vez, la respuesta pública no puede limitarse al luto. También debe medirse por la calidad de la investigación, la cooperación consular y la capacidad del aparato estatal para ofrecer seguridad real a quienes estudian, viajan y se mueven entre jurisdicciones.
El dato importa más que el ruido. Aquí hay una estudiante asesinada, una investigación abierta y una red institucional que debe funcionar sin demora. Si no lo hace, el costo no lo paga la retórica política, sino la confianza de los ciudadanos en que la libertad de estudiar y moverse por el mundo no se convierte en una apuesta desprotegida.
