La posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, prevista en Cali, enfrenta una ausencia organizada que desborda los límites del Pacto Histórico. Según informaron Infobae y Semana, una parte de la bancada de la Alianza Verde se sumó a la llamada «desobediencia civil» impulsada por el petrismo y anunció que no asistirá al acto protocolario.
El representante a la Cámara por el departamento de Caldas Santiago Osorio fue el vocero principal de esta postura. En sus palabras, la decisión se fundamenta en que la posesión se realizará fuera del Congreso de la República, recinto que, según él, «reúne el pensar democrático, diverso, plural y soberano de este país». Osorio calificó el traslado a una universidad privada de Cali como un alejamiento del espacio institucional y como un gesto de «culto al poder».
A la decisión también se sumarían la representante a la Cámara por Nariño Alejandro Abásolo y el senador Ariel Ávila, quien ha criticado abiertamente al gobierno entrante, de acuerdo con la misma fuente.
Osorio señaló que «más de 50 congresistas» comparten la decisión de no asistir y cuestionó la legitimidad del resultado electoral. «Hemos visto la modificación de más de 1.600 mesas en todo el país, donde los patrones de las elecciones han sido modificadas a través de algoritmos», afirmó, añadiendo que «la Registraduría y la justicia colombiana no da respuesta absoluta de lo que pasa». También mencionó que el Consejo de Estado habría ordenado correcciones que, según él, no fueron ejecutadas.
El grupo de congresistas, entre los que se encuentran miembros de la Alianza Verde y otras fuerzas progresistas, convocó un acto alternativo en Puerto Resistencia, zona emblemática del estallido social de 2021 en Cali. Osorio describió ese evento como «el acto real de este país» y «la expresión democrática de un pueblo que seguramente ganó en las pasadas elecciones».
Osorio también cuestionó el perfil profesional de De la Espriella. Según el representante, el presidente electo «viene de representar jurídicamente a narcotraficantes, estafadores, parapolíticos, saqueadores de los recursos públicos» y existe, a su juicio, falta de claridad sobre la legalidad en la recolección de firmas que avalaron su candidatura. Estas son afirmaciones de Osorio, no hechos verificados por este medio.
Por su parte, Semana reportó que el representante Osorio anunció que desde el Congreso hará oposición al gobierno entrante y que votará en contra de varias de las reformas que proponga el nuevo mandatario.
Conviene mirar los incentivos. La decisión de un grupo de congresistas de ausentarse del acto de posesión y organizar un evento paralelo no es un gesto menor: es una señal de que la oposición al gobierno de De la Espriella se articulará desde el primer día, apelando a la narrativa de ilegitimidad electoral antes que a los mecanismos institucionales de control. El dato importa más que el ruido: la vía para impugnar resultados electorales existe en el ordenamiento jurídico colombiano; preferir la plaza a los tribunales dice más sobre la estrategia política de estos actores que sobre la solidez de sus argumentos. Para un gobierno que llega con mandato de restaurar el orden y la confianza institucional, la presión callejera organizada desde el primer día es precisamente el escenario que más conviene desactivar con resultados concretos, no con retórica.
