Una ciudad mayoritariamente negra del condado de Westchester, Nueva York, enfrenta una nueva crisis de gobernanza después de que Jennifer Lackard, de 49 años, exsubcomisionada adjunta de policía de Mount Vernon, fuera arrestada por presuntamente conducir el auto de escape mientras su hijo, Chase Lackard, de 20 años, intentaba disparar a rivales frente a un tribunal del Bronx el 29 de junio.
Lackard fue despedida del cargo y enfrenta cargos de intento de asesinato. Su esposo, James Lackard, un exconvicto que cumplió casi una década de prisión por tráfico de heroína, también fue arrestado días después. Según la acusación formal, la familia coordinó el ataque: la propia Lackard habría enviado mensajes de texto a su hijo con instrucciones mientras él esperaba a sus rivales. «No puedes quedarte sentado directamente afuera», le habría escrito, según el documento judicial.
El caso no sería solo un escándalo policial aislado si no fuera por el origen del nombramiento. La alcaldesa Shawyn Patterson-Howard contrató a Lackard en 2020 para el cargo de alta jerarquía pese a que, según reportes del New York Post, la funcionaria no tenía experiencia policial alguna, su esposo era exconvicto y su hijo ya estaba vinculado a una pandilla callejera del Bronx. Lackard es hermana de fraternidad de Patterson-Howard.
Fuentes consultadas por el Post señalan que la alcaldesa pudo haber sido instada a contratar a Lackard por el reverendo Franklyn Richardson, de la Iglesia Bautista Grace, donde ambas asistían a servicios. Patterson-Howard, por su parte, atribuyó la contratación al fallecido excomisionado Glenn Scott, quien murió en 2024.
Esa versión fue rechazada por Damon K. Jones, representante de Blacks in Law Enforcement of America y editor del periódico local Black Westchester. «Glenn Scott jamás habría recomendado colocar a un individuo sin antecedentes ni experiencia policial en el cargo de comisionado adjunto», afirmó Jones en un comunicado. «Mount Vernon merece liderazgo que asuma responsabilidades, no liderazgo que reescriba la historia».
Jones también exigió una investigación formal y criticó que los fallos de la alcaldía hayan «avergonzado repetidamente al departamento y opacado el trabajo de los muchos agentes dedicados que continúan sirviendo a la comunidad profesionalmente».
Mount Vernon, una ciudad de 72.000 habitantes y bastión demócrata, no es ajena a la controversia institucional. Dos alcaldes en ejercicio han sido arrestados mientras ocupaban el cargo: Ernie Davis y Richard Thomas, acusados respectivamente de evasión fiscal federal y robo agravado estatal. Thomas, quien atribuye sus cargos a motivaciones políticas, pidió al presidente Trump abrir una investigación en la ciudad.
CB Griffin, un comerciante local de 54 años, resumió el sentir de varios residentes: «Es favoritismo. Probablemente encontrarás mucho de eso en este gobierno municipal».
La lectura de Continente es directa: el caso Lackard ilustra el costo concreto del clientelismo cuando sustituye al mérito en cargos de seguridad pública. Contratar a alguien sin experiencia policial para supervisar una fuerza de orden, con vínculos familiares directos al crimen organizado, no es un error administrativo menor: es una falla de gobernanza que pone en riesgo a los ciudadanos que ese aparato estatal debería proteger. La ironía es que quienes más padecen esa falla son precisamente las comunidades que el discurso oficial dice defender.
Conviene mirar los incentivos. Cuando los nombramientos responden a redes de afinidad política y religiosa antes que a criterios profesionales, el resultado predecible no es justicia social sino impunidad estructural. El dato importa más que el ruido: Mount Vernon lleva años acumulando escándalos bajo administraciones del mismo signo político, y la respuesta ha sido, hasta ahora, reasignar culpas a los muertos.
