Centenares de colonos israelíes avanzaron este domingo hacia la Franja de Gaza. Llevaban banderas israelíes y una consigna precisa: «Después de 21 años, volvemos a casa». El destino era la valla que rodea el enclave. El mensaje, dirigido tanto al gobierno como a la comunidad internacional.
La marcha fue organizada por el Movimiento Nachala. La Unión Europea lo tiene sancionado por «graves abusos» contra palestinos en Cisjordania. Su programa es explícito: repoblar Gaza con comunidades judías. Eso implica, según los propios organizadores, el desplazamiento de parte de la población palestina del territorio.
La movilización no fue solo ciudadana. Según medios israelíes, cerca de un centenar de participantes logró acceder a una zona militarizada próxima a la valla. Entre ellos estaba el ministro de Economía, Nir Barkat. Las fuerzas israelíes opusieron, en algunos casos, escasa resistencia. El Ejército había declarado el área zona militar cerrada hasta el lunes. Aun así, Nachala informó haber alcanzado «un acuerdo» con las fuerzas armadas para concluir la movilización en un punto de observación sin cruzar al enclave.
El contexto político es relevante. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, había anunciado planes para restablecer comunidades en el norte de Gaza. El titular de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, expresó su intención de participar en la marcha. Según el diario Haaretz, varios parlamentarios y ministros contemplaban sumarse. La coalición gobernante incluye partidos afines al movimiento colono. El calendario electoral culmina en octubre.
Israel se retiró de Gaza unilateralmente en 2005 y desmanteló 21 asentamientos. El derecho internacional considera el enclave, junto con Cisjordania y Jerusalén Este, parte del territorio destinado a un futuro Estado palestino. En 2024, la Corte Internacional de Justicia declaró ilegal la presencia israelí en esos territorios.
Mientras tanto, la situación humanitaria sigue deteriorándose. La agencia palestina Wafa cifra en 1.444 los gazatíes muertos durante nueve meses de frágil alto el fuego. Las autoridades palestinas reportaron al menos tres muertos el domingo y diez el sábado, entre ellos menores. Israel sostiene que lleva a cabo operaciones selectivas contra miembros de Hamás involucrados en los ataques de 2023. El Ejército israelí controla más del 60% del territorio del enclave y tiene planes de ampliar esa presencia.
En paralelo, la Autoridad Palestina denunció un aumento de ataques de colonos en Cisjordania. Incendios de viviendas, una mezquita y decenas de olivares en localidades de Hebrón, Nablus y Ramala. El vocero presidencial Nabil Abu Rudeineh atribuyó estos hechos a una «política sistemática» de desplazamiento forzado y responsabilizó al gobierno israelí por brindar «protección e impunidad».
Conviene mirar los incentivos. La marcha no es un hecho aislado: es la expresión organizada de una agenda con respaldo ministerial explícito. El dato importa más que el ruido. Cuando un ministro de Economía accede a una zona militarizada junto a colonos, la línea entre política de Estado y movilización de presión se vuelve difusa. Para quienes valoran el orden internacional y la estabilidad jurídica como condiciones del libre comercio y la inversión regional, esa ambigüedad tiene un costo concreto. La historia sugiere cautela: los procesos que comienzan como manifestaciones simbólicas rara vez se detienen solos sin una señal política clara desde el gobierno.
