La historia de María Consuelo volvió a captar la atención pública en Colombia luego de que la mujer, de 58 años, relatara su situación en una entrevista con Citytv. Según su testimonio, ha sido sometida a alrededor de 87 intervenciones quirúrgicas a causa de las graves lesiones que sufrió en el rostro tras un ataque con ácido.
María Consuelo llegó a Bogotá desde Istmina, Chocó, en el año 2000. Decidió permanecer en la capital para trabajar, una decisión que, según su relato, su entonces esposo no habría aceptado. Una noche, contó, el hombre llegó hasta su vivienda y, cuando ella abrió la puerta, le lanzó un líquido que después descubrió que era ácido.
El ataque le provocó lesiones severas, especialmente en el rostro, y dio inicio a un largo proceso de recuperación que se extiende hasta hoy. La mujer asegura que todavía necesita atención médica especializada y que utiliza elementos para proteger su rostro y facilitar su respiración.
Actualmente vive en una habitación que alquila en la localidad de Puente Aranda. Relata dificultades económicas para cubrir sus necesidades básicas y para asistir a los controles médicos que requiere. Según su testimonio, ha tenido que recurrir a la ayuda de otras personas para subsistir y en ocasiones pide dinero en espacios públicos y utiliza el transporte masivo para buscar apoyo.
Uno de los episodios que recuerda con especial intensidad ocurrió durante la visita del papa Francisco a Colombia, en 2017. De acuerdo con su relato, en ese encuentro el pontífice le pidió que no recurriera a la eutanasia y que confiara en que recibiría apoyo para continuar con las intervenciones médicas que necesitara. María Consuelo asegura que aceptó aquella promesa.
Nueve años después de ese encuentro, sostiene que las condiciones que esperaba ver resueltas no cambiaron: continúa enfrentando dificultades para acceder a los tratamientos que necesita y no ha recibido, según afirma, la ayuda que esperaba. Es en ese contexto que vuelve a plantear su deseo de acceder a la eutanasia.
El caso reabre en Colombia el debate sobre el derecho a morir dignamente, aunque cualquier solicitud de eutanasia debe evaluarse dentro del marco médico y legal correspondiente, según recuerda la fuente citada.
Lo que el relato de María Consuelo expone, más allá del drama individual, es la distancia entre la promesa pública y la asistencia efectiva. Una figura de autoridad moral con alcance global le pidió paciencia a cambio de un respaldo que, según ella misma describe casi una década después, nunca llegó de manera suficiente. Conviene mirar los incentivos: cuando el compromiso queda en el terreno simbólico y no se traduce en mecanismos verificables de seguimiento —médico, económico, institucional—, la carga termina recayendo sobre la víctima, que debe mendigar en el transporte público para financiar tratamientos que el sistema no le garantiza.
El dato importa más que el ruido mediático: 87 cirugías y más de dos décadas de dependencia de la caridad ajena hablan de un vacío estructural en la atención a víctimas de violencia con ácido, independientemente de la administración de turno. La historia sugiere cautela frente a los anuncios sin calendario ni responsable claro. Mientras persista esa brecha entre el discurso compasivo y la ejecución concreta, casos como el de María Consuelo seguirán reabriendo, con toda su crudeza, el debate sobre qué significa realmente garantizar una vida —o una muerte— digna.
