Hace 26 años, en Bogotá, un hombre que era su esposo le lanzó ácido al rostro. María Consuelo Córdoba, proveniente del Chocó, ha atravesado desde entonces 87 cirugías de reconstrucción facial. Hoy contempla la eutanasia, según relató en Caracol Radio y reprodujo El Tiempo.
Córdoba recordó el momento del ataque: el hombre entró gritando que lo habían atracado, con una botella que ella creyó de aguardiente. Era ácido. "Yo no sabía que era ácido; yo pensé que era aguardiente. Me la tiró en la cara", relató. Salió corriendo hacia una pila de agua en el primer piso.
Fue trasladada primero al Hospital Meissen, donde recibió suero y morfina, y luego a la unidad de quemados del Hospital Simón Bolívar, donde permaneció internada dos años sin familiares ni conocidos. Médicos del centro organizaron una colecta para ayudarla a conseguir alojamiento cercano.
De las 87 intervenciones recibidas, varias buscaron reconstruir su nariz, boca y mentón, y atender problemas de respiración derivados de las lesiones. "Yo quedé sin nariz, sin boca, sin mentón, sin nada", dijo. El sistema hospitalario, sin embargo, llegó a un límite: "Aquí ya no te puedes hacer cirugía porque ya te hicimos todo. Las que faltan son plásticas. Y las plásticas cuestan dinero, y yo de dónde", contó que le informaron.
Para sobrevivir, Córdoba pide dinero en plazas de mercado de Bogotá —Abasto, Restrepo y Paloquemao— y dejó de hacerlo en TransMilenio por la competencia de otras personas en situación similar. Señaló que hace dos años dejó de recibir un bono de alimentos y afirmó que nunca ha visto ayudas del Gobierno, ni subsidios ni el medicamento que necesita. También mencionó problemas de anemia.
Frente a la difusión del caso, la EPS Capital Salud emitió un comunicado en el que aseguró haber establecido contacto directo con la paciente para verificar su situación. La entidad precisó que Córdoba "desde hace cuatro años cuenta con la autorización para el procedimiento de la eutanasia" y que "actualmente no se encuentra a la espera de una autorización" para acceder a él. La decisión, sostuvo la EPS, "hace parte de su voluntad y del ejercicio de su derecho a morir dignamente". La entidad afirmó que acompañará la decisión final que Córdoba tome de "manera libre y autónoma" y que continuará atendiéndola "con respeto, humanidad y dignidad".
Córdoba camina hoy por las calles de Bogotá con una máscara artesanal que protege su rostro cicatrizado del sol y con tubos en la nariz que facilitan su respiración. "La máscara la uso a diario las 24 horas porque tengo la cara muy cicatrizada", contó.
El caso ilustra una tensión que rara vez aparece en los comunicados institucionales: la distancia entre la cobertura formal que promete un sistema de salud pública y la experiencia real de quien depende de él durante décadas. Capital Salud puede acreditar historiales de cirugías y protocolos cumplidos; Córdoba, mientras tanto, mendiga en una plaza de mercado para compensar lo que el aparato estatal no cubre. El dato importa más que el ruido institucional: 26 años después del ataque, ninguna de las partes discute los hechos centrales, solo su interpretación.
La autorización de la eutanasia, en este contexto, no es una falla sino un reconocimiento: cuando el sistema público llega a su límite técnico y económico, lo que queda es la autonomía del individuo para decidir sobre su propio cuerpo y su propio final. Conviene mirar los incentivos: un sistema de salud que financia intervenciones costosas durante dos décadas pero no logra sostener un bono de alimentos revela más sobre la asignación de recursos estatales que sobre la voluntad de ayudar. La historia de Córdoba no necesita adjetivos adicionales; su testimonio, y el comunicado oficial que lo confirma, bastan para medir la brecha entre la burocracia sanitaria y la dignidad que reclama.
