El gobierno de Colombia decidió retirar este jueves al país de la Coalición por la Igualdad de Derechos, un grupo de 45 países dedicado a la defensa de los derechos de la comunidad LGTBI. Colombia era copresidente junto con España desde 2024.
La Cancillería colombiana informó en una carta que «el gobierno nacional ha decidido el retiro de la República de Colombia de la Coalición, con fecha efectiva a partir de hoy».
Caribe Afirmativo señaló que el país salió antes de concluir el mandato asumido en diciembre de 2024 y pidió explicaciones públicas al gobierno y al Ministerio de Relaciones Exteriores. La organización también dijo que la coalición reúne a gobiernos y organizaciones de la sociedad civil y trabaja en diplomacia internacional, legislación, políticas públicas, coordinación de donantes, Objetivos de Desarrollo Sostenible y protección humanitaria.
Según Caribe Afirmativo, fuentes oficiales consultadas por la organización indicaron que el argumento del Ejecutivo estaría ligado a la percepción de que la participación de Colombia en esa instancia constituye un legado del gobierno anterior. El colectivo sostuvo que los derechos de las personas LGBTIQ+ deben ser un compromiso de Estado y no depender de los cambios de gobierno.
El viceministro colombiano de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional, Pedro Agustín Roa, afirmó que la decisión no supone un retroceso en la protección de la población LGBTI. El Ministerio explicó que la salida responde a un ejercicio de priorización de los asuntos más destacados de la política exterior, y que la participación en la coalición no era prioritaria.
Durante la campaña electoral, el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, se manifestó en contra de la adopción de menores por parejas del mismo sexo. Esa postura forma parte de su posicionamiento sobre la familia tradicional y ha sido señalada por organizaciones como motivo de preocupación ante el rumbo de las políticas de igualdad del Gobierno.
Conviene mirar los incentivos. Si la política exterior se ordena por prioridades, cada gobierno revela qué causas considera centrales y cuáles deja en segundo plano. Aquí el mensaje no es menor: una coalición de 45 países pierde a uno de sus copresidentes justo cuando el Ejecutivo dice que la participación ya no era prioritaria.
El dato importa más que el ruido. El debate de fondo no es solo diplomático, sino institucional. Cuando un Estado cambia de rumbo en materias de derechos, la pregunta es si esas garantías quedan ancladas a compromisos duraderos o si dependen demasiado del ciclo político. Esa tensión entre continuidad y giro ideológico es la que ahora queda expuesta.
