Colombia formalizó su retiro de la intervención en el proceso que Sudáfrica adelanta contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por presuntas violaciones de la Convención para la Prevención y el Castigo del Crimen de Genocidio de 1948, en el marco de las operaciones militares en la Franja de Gaza.
La decisión fue confirmada por el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saâ’r, quien la atribuyó al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Saâ’r dijo que el paso se produjo después de las conversaciones que sostuvo con el canciller colombiano, Omar Bula, en Washington.
Colombia no era la demandante ni hacía parte principal del litigio. Su participación se había producido mediante una declaración de intervención bajo el artículo 63 del Estatuto de la CIJ, mecanismo que le permitió presentar ante el tribunal su interpretación de la Convención contra el Genocidio.
La demanda principal fue presentada por Sudáfrica contra Israel en diciembre de 2023 y el proceso continúa pese al retiro colombiano. Israel rechaza esas acusaciones.
La participación colombiana en el caso se formalizó el 5 de abril de 2024, cuando el gobierno de Gustavo Petro depositó ante la CIJ su declaración de intervención. En ese documento, Colombia presentó su interpretación de las normas de la Convención contra el Genocidio en relación con las acciones militares israelíes en Gaza.
En ese momento, Petro anunció la decisión como una forma de participar en el proceso impulsado por Sudáfrica. Dijo: «Invocando el mecanismo previsto en el artículo 63 del estatuto de la Corte, vamos a presentar ante la Corte nuestra interpretación de las normas de la convención contra el genocidio que Israel estaría ignorando con sus acciones militares en Gaza».
La decisión también fue presentada por el entonces gobierno como una manera de «contribuir de una manera tangible a la defensa de la causa palestina en el escenario judicial internacional».
La Cancillería israelí ya había informado que las conversaciones entre ambos gobiernos contemplaban varias medidas para recomponer los vínculos bilaterales, entre ellas el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, la eliminación de visas, la recuperación de las exportaciones de carbón colombiano hacia Israel y el retiro de Colombia de la intervención ante la CIJ.
La embajadora de Israel en Colombia, Vivian Aisen, también respaldó el anuncio. Dijo: «Me uno a mi canciller, Gideon Sa’ar, para agradecer al Gobierno de Colombia por haber elegido el lado correcto de la historia y retirar su intervención en el caso promovido por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia. Una decisión valiente y responsable que valoramos profundamente».
La salida de Colombia del procedimiento judicial hace parte de una serie de decisiones adoptadas por el nuevo Gobierno para recomponer la relación con Israel. El anuncio del retiro ya había sido anticipado en julio, después de la reunión entre Bula y Saâ’r en Washington.
En esa hoja de ruta también fueron incluidos otros puntos relacionados con la relación bilateral: restablecer plenamente las relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel, recuperar las exportaciones de carbón colombiano hacia Israel, retirar la intervención de Colombia en el proceso ante la CIJ y fortalecer la cooperación bilateral en áreas relacionadas con seguridad e inteligencia.
Bula explicó el 16 de septiembre ante la Comisión Segunda del Senado que la nueva orientación de la política exterior busca proteger los intereses nacionales y fortalecer alianzas frente a amenazas transnacionales. Entre los asuntos mencionados por el Gobierno están la cooperación en inteligencia estratégica, la lucha contra organizaciones criminales y terroristas, el fortalecimiento de capacidades en ciberseguridad, el intercambio de información para combatir redes de financiación ilícita y las acciones contra el tráfico de armas y el lavado de activos.
El dato importa más que el ruido: el retiro de la intervención no cambia el fondo del litigio ante la CIJ, pero sí marca una decisión política clara sobre dónde quiere poner Colombia su peso diplomático. En vez de prolongar un gesto judicial heredado del gobierno anterior, el Ejecutivo opta por reordenar incentivos y reconstruir una relación que considera estratégica.
Ese giro beneficia la normalización con Israel y abre la puerta a cooperación en seguridad e inteligencia, dos áreas que el propio Gobierno ha puesto en primer plano. También envía una señal de pragmatismo en política exterior: menos activismo simbólico, más énfasis en alianzas, comercio y capacidades estatales. Conviene mirar los incentivos.
